No está muerto quien pelea

La justicia, dio lugar a la presentación realizada por los puesteros desalojados del Mercado de Pulgas y ordenó al Gobierno de la Ciudad detener aquellas obras tendientes a modificar los usos tradicionales del predio.
No está muerto quien pelea

El Juez en lo Contencioso y Administrativo, Hugo Zuleta, fijó un plazo de 5 días para que las autoridades presenten un informe con el detalle de las obras a realizar en el predio acompañado de la documentación respaldatoria que le sirve de marco para tal fin.

Desde enero, cuando supieron del inminente desalojo, los puesteros sospecharon que bajo el argumento de la seguridad se escondan proyectos para aggiornar el lugar con fines comerciales tendientes a extender el circuito turístico de la zona de Palermo.

Además, el galpón de 6000 metros cuadrados que funciona hace 20 años como feria de muebles y antigüedades, fue declarado Patrimonio cultural de la Ciudad.

Por lo tanto, como señalo Vanina Suleiman de la Red de Abogados Voluntarios de Poder Ciudadano: “toda intervención administrativa planificada debió tramitarse en el Poder Legislativo de la Ciudad porque el Poder Ejecutivo no puede cambiar el uso del predio, al ser un bien de dominio público y como tal, solamente la Legislatura puede cambiar ese uso”.

En el 2005, el Gobierno porteño dictó el decreto 1630/05, donde señala que: “en virtud del estado edilicio del Mercado de las Pulgas, la Dirección General de Mantenimiento Edilicio proyectó la obra de reciclado y puesta en valor de dicho predio”, y detalla que: “presentaría problemas de filtraciones, instalaciones eléctricas defectuosas e incumplimiento de medidas mínimas de seguridad".

Sin embargo, el proyecto de revitalización se redactó dos años antes de las verificaciones del estado del edificio, es decir, previamente al censo realizado.

Desde el comienzo del conflicto, las autoridades porteñas apelaron otras dos medidas cautelares dispuestas por la Justicia.

En esta instancia será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y tributario quien deberá decidir sobre la cuestión de fondo del amparo.

Mientras tanto, los trabajadores pidieron que el juez Zuleta haga una constatación en el lugar ya que el Gobierno porteño “sigue demoliendo paredes y realizando obras”.