El Riachuelo ya tiene su Autoridad oficial

Anoche, la cámara de Diputados aprobó la creación de la autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza, que tendrá a su cargo la puesta en marcha del plan para el saneamiento del postergado río del sur.
El Riachuelo ya tiene su Autoridad oficial

La aprobación de la iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, constituye un paso importante para establecer una política seria de recuperación ecológica en una zona que sufrió históricamente la ceguera y las promesas de campaña de la mayoría de los gobernantes.

En la Cuenca Riachuelo-Matanza coexisten más de 23 jurisdicciones, entre Nación, Provincia, Ciudad de Buenos Aires y municipios-; viven más de 7 millones de personas, de las cuales 2 millones se encuentran en zonas de riesgo, el 60 por ciento presenta índices de necesidades básicas insatisfechas. Menos de la mitad de la población cuenta con red de cloacas y agua corriente.

El curso hídrico y sus riberas sufren altos niveles de contaminación producidos por residuos industriales y aguas servidas y la presencia de residuos y de 105 basurales clandestinos.

La "Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo", estará a cargo estará la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Romina Picolotti y se conformará con representantes de los gobiernos nacional, bonaerense y porteño que tienen intervención en la zona.

A partir de su institución formal, la autoridad será la encargada de establecer y gestionar las medidas necesarias para el saneamiento del área fluvial que atraviesa una densa zona de población de la Capital y del conurbano bonaerense.

En cuanto a al saneamiento y ordenamiento ambiental del territorio, se contempla la realización de obras de infraestructura en materia de servicios cloacales; implementación de un programa de reconversión de empresas para incorporar tecnologías más limpias y cuando esto no sea posible su relocalización.

Además, tendrá a su cargo la instauración de un marco de regulación único y la implementación de políticas de control de efluentes; instrumentación de acuerdos interjurisdiccionales para la gestión de los residuos sólidos y cualquier otra actividad con incidencia ambiental.