Las organizaciones firmantes fueron: Madres de Plaza de Mayo (línea Fundadora), Abuelas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), SERPAJ, la CTA, ACIJ, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, COHRE y diversas organizaciones cristianas con trabajo en las barriadas.

Ante las conocidas intenciones de Macri en la zona, en el escrito se apela a la participación de los vecinos en la elaboración de los proyectos y programas que involucren a los terrenos sobre los cuales viven. "Se estima que en la Villa 31-31 bis habitan unas 25 mil personas, muchas de las cuales nacieron, crecieron y criaron a sus hijos allí. Todas ellas defendieron y lucharon por conservar su lugar de residencia. Estos vecinos de la Ciudad son titulares de un derecho esencial de todo ser humano, el derecho a la vivienda digna y adecuada, que incluye el de hacerlo en el sitio en el cual residen desde hace muchos años”.

“Este derecho se encuentra tutelado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Constitución Nacional y muy claramente por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que reconoce expresamente el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado, al tiempo que promociona una resolución progresiva del déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos".

El fin de la carta es que Macri "se abstenga de cualquier desalojo forzoso de las tierras, y se comprometa a no diseñar ni ejecutar proyecto alguno que los involucre sin la indispensable participación de los vecinos que la habitan desde el mismo momento en que éstas son elaboradas".