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miércoles 12, septiembre de 2007

A falta de políticas estatales, fallos judiciales

Un juez ordenó al Gobierno porteño que se abstenga de iniciar cualquier acción para desalojar a los habitantes de la Villa  21/24 y le pidió que construya de viviendas dignas para los afectados. Por su parte, un tribunal confirmó una sentencia para que se siga brindando “alojamiento adecuado” a una familia pobre.    

La crisis habitacional que afecta a los sectores más vulnerables de la ciudad continua sin solución a pesar de que hace tres años la Legislatura dictó una ley que declaró la emergencia al respecto. Esto se afirma a partir de dos nuevos fallos de la Justicia porteña que buscan resguardar a los habitantes de la falta de una vivienda digna.
 
En una primera decisión, el juez en lo Contencioso y Administrativo Roberto Gallardo ordenó al Gobierno de la Ciudad abstenerse “de cualquier acción de desalojo o expulsión, sea cual fuere su modalidad operativa, que pudiere vincularse con los habitantes de la Villa 21/24” que ocupan un predio de la zona de Barracas.
 
Mientras que por su parte, en un caso individual, el Tribunal Superior de Justicia porteño confirmó una sentencia que hizo lugar a una acción de amparo contra el Ejecutivo local. Allí se ordenó que incluya a una familia en el programa de emergencia habitacional hasta tanto “no demuestre fehacientemente” que su situación “de vulnerabilidad ha cesado”.
 
La medida de Gallardo fue dictada a través de una presentación del Ministerio Público a favor de las personas que habitan el asentamiento “La Toma”, que había sido vendido por el Estado nacional a la Asociación Mutual “Flor de Ceibo - Villa 21” en 1992. Luego de esto, la parte compradora y el gobierno de la Ciudad habían acordado destinar el lugar a la urbanización de la Villa y la construcción de viviendas adecuadas para los vecinos residentes, pero eso no ocurrió.
 
 “En los 15 años que transcurrieron desde la firma del boleto de compraventa y en las más de seis décadas de existencia de esta Villa, la realidad de este enclave urbano no sólo no ha mejorado sino que se ha agravado considerablemente, en virtud de las omisiones de las distintas gestiones que se han sucedido en el gobierno local que no han diseñado ni ejecutado acciones enderezadas a urbanizar esta Villa”, dice el fallo.
 
Por esto, en la resolución se les exige a las autoridades, e incluso pide a la Justicia Correccional Federal, que no se desalojen a las familias del asentamiento, ya que “las viviendas que los habitantes han construido, que aún lejos de ser adecuadas y dignas, constituyen hoy por hoy la opción única que el sistema estatal les provee”.
 
“Resulta poco menos que sorprendente, que la mutual y el gobierno se transformen ahora en víctimas y denuncien una eventual ocupación de tierras, cuando ellos claramente las han detentado por más de quince años sin haber cumplido su cometido específico, abandonando a las familias a su suerte y permitiendo, en síntesis, que su futuro se construya sobre la basura y el olor nauseabundo de las cloacas caseras”, agregó el juez.
 
Y culminó: “La única posibilidad de dotar de legalidad y legitimidad a un eventual desahucio, y por tanto evitar la responsabilidad de la República frente a estrados internacionales de Derechos Humanos, es la del efectivo cumplimiento por parte del Estado, sea Nacional o local, de una vivienda digna para los habitantes del asentamiento”.
 
Fuente: Agencia Walsh

 

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