El juez federal Norberto Oyarbide, quien actúa como subrogante en el juzgado a cargo de María Servini de Cubría, dispuso ayer el levantamiento de la clausura y suspendió a seis delegados de los empleados.

Además, el juez ordenó a la Prefectura Naval que disponga un operativo para que la avenida Rawson de Dellepiane, donde se encuentra el casino, "quede absolutamente libre de toda presencia de manifestantes" para que se garantice el libre acceso de los trabajadores a las salas de juego.

Asimismo, el juez recordó en el fallo que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo "ha resuelto confirmar una resolución dictada por una jueza de primera instancia y por ende suspender en sus funciones" a seis delegados de los empleados, quienes protestan en la Plaza de Mayo y están enfrentados con el Sindicato de Juegos de Azar (ALEARA).

El secretario general de ALEARA, Daniel Amoroso, se mostró satisfecho con el fallo judicial y con la reapertura del casino, y sostuvo a Télam que "es la resolución que el gremio estaba esperando, porque permite mantener y garantizar las fuentes de trabajo de más de 2.500 empleados".

En su resolución, Oyarbide remarcó que la reapertura "deberá ser coordinada con los responsables de la empresa y el personal de la Prefectura Naval, garantizándose el libre acceso y salida al predio del complejo, tanto de los dependientes y clientes, como proveedores del mismo".

Esa mención tiene relación con el hecho de que el 12 de diciembre pasado, cuando la empresa había resuelto abrir las puertas tras varios días de cierre, un grupo de delegados realizó un piquete en los ingresos a los dos barcos, disconforme con la prohibición de que 69 empleados despedidos no pudieran ingresar por una medida judicial, ya que tienen abierta una causa por los destrozos provocados en las salas de juego el 9 de noviembre.

El juez destacó en la resolución que corresponde hacer lugar a las solicitudes de reapertura "por cuanto las circunstancias demuestran que su funcionamiento será dentro de un marco de paz y de respeto mutuo entre los trabajadores afiliados a los distintos gremios, evitándose así la violación de los derechos constitucionales de ejercer industria lícita y de trabajar".

"En tal sentido -dijo Oyarbide- cuadra manifestar que una fuente de trabajo no puede verse afectada como consecuencia del accionar de un grupo de unos pocos trabajadores, que disconformes con la decisión adoptada por su empleador, no permiten la continuidad de la relación laboral impidiendo el acceso de los demás a sus puestos de tareas". 

Fuente: TELAM