La orden emitida por el juez federal Ariel Lijo se produjo en el marco de la investigación sobre la muerte de una beba de apenas 9 meses que fue aplastada por un tren cuando cruzaba las vías a las que había llegado gateando desde la casilla en la que vivía ubicada a pocos metros de los rieles.

La justicia federal intimó al Jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al concesionario del ferrocarril San Martín y al titular del Organismo Nacional de Bienes del Estado (ONABE), a tomar “las medidas necesarias” para “poner fin en lo inmediato” la situación de peligro en que se encuentran las personas que viven al costado de las vías en las cercanías de la estación Paternal.

La tragedia que le costó la vida a la pequeña Iara Aylén Robles el 9 de Abril de 2006 fue registrada por la cámara ubicada en la locomotora de la empresa ferroviaria que permitió determinar con exactitud la hora del accidente -19.41 con 41 segundos- y la ausencia de vallas de seguridad u otros elementos para garantizar la vida de las personas que habitan en precarias viviendas instaladas a “escasísima distancia de las vías”.

El juez Lijo investiga la responsabilidad eventual de los padres de Iara sin perjuicio de la que pudiera corresponderle a los funcionarios del estado y a los concesionarios privados del ferrocarril.

En el expediente judicial existen testimonios de otros accidentes ferroviarios que le costaron la vida otros menores que viven en el mismo asentamiento ubicado en ese lugar.

Las fotografías actualizadas que recibió el juez demuestran que la zona donde fue arrollada la pequeña Iara Robles continúa en la misma situación de riesgo ya que no se habrían colocado vallas ni se denunciaron los asentamientos de varias familias que permanecen en peligro.

Por ese motivo se intimó al Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, al titular de la ONABE (dueña de los terrenos vecinos a los rieles ) y al titular del UGOFE (concesionaria del Grupo de Servicios nº 5 línea San Martín ), a “realizar las acciones necesarias para hacer cesar el riesgo”.

Bajo apercibimiento de incurrir en la violación del artículo 248 del Código Penal -norma que establece que “será reprimido con prisión de un mes a dos años el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.

Fuente: TELAM