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lunes 5, mayo de 2008

Salud mental en crisis

El Ministerio de Salud, a cargo de Jorge Lemus, incumple con una serie de amparos judiciales por mejoras en cuatro hospitales neuropsiquiátricos.

El portal de informaciones porteñas, NOTICIAS URBANAS, publicó cuatro de los expedientes que el Gobierno macrista no cumple.

En el caso del Hospital Tobar García, el amparo fue iniciado por la Asociación de Profesionales del Arte de Curar en el hospital, y tramita en el juzgado de Elena Liberatori. En febrero, la jueza dio lugar a la medida cautelar ordenada por el asesor Tutelar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno.

Esto significa que el área de Salud debe cumplir con una serie de medidas: finalizar las obras faltantes de la primera etapa del plan de remodelación, integrar más personal profesional y administrativo, realizar una auditoria y revisión de medicaciones a los pacientes.

El hospital Tobar García fue inspeccionado por la titular de la Sala II del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, Mabel Daniele. Luego la camarista mantuvo una reunión con funcionarios de Salud y Procuración General de la Ciudad.

El Gobierno informó que el pabellón de los chicos tendrá las obras finalizadas el 8 de este mes y se comprometió a auditar las historias clínicas.

En una próxima reunión con la camarista, pactada para el 12, los funcionarios plantearán que aceptan incorporar médicos, enfermeros y administrativos, como dictar cursos de evacuación.

El Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano tiene su particularidad política, ya que quien inició la medida judicial es la actual subsecretaria de Promoción Social, Soledad Acuña. La funcionaria antes de asumir el cargo ejecutivo fue legisladora y titular de la Comisión de Salud, Soledad Acuña.

Desde el propio Gobierno se habla que este amparo, entre otras cuestiones, influyeron para que Acuña -pese a sus conocimientos del área de salud- no asumiera cargo en ese ministerio y si en cuestiones de niñez que no eran su prioridad.

De todas maneras, el amparo continúa sin resolverse. La jueza Alejandra Petrella ordenó un plan que permita condiciones de habitabilidad y dignidad, como la designación de más personal. El Gobierno capitalino apeló lo dictado por la jueza y ahora debe decidir la Sala I del Contencioso.

Petrella llega sostener en el expediente que "Gobierno omite tratados internacionales, la constitución nacional y Ciudad, las normas de la ley básica de salud" y llega a esgrimir que "la salud por pautas constitucionales es una inversión prioritaria".

En el Moyano, con 1900 internadas, las "más cuerdas" de cada pabellón cumplen funciones que el personal no alcanza a realizar.

Las acciones gubernamentales pendientes son reforma edilicia, eléctrica, de gas y agua, y nuevo mobiliario y cama.

En el caso del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Torcuato de Alvear, el amparo lo inició directamente el funcionario judicial que vela por los derechos de los pacientes, Gustavo Moreno.

En el expediente por el hospital Alvear, que tramita en el juzgado de Guillermo Treacy, se debe "llevar a cabo en el menor tiempo posible las obras de refuncionalización del hospital. Realizar las reparaciones necesarias de riesgo que señalaron los bomberos en el 2006 y designar personal técnico y profesional, además de atención adecuada a los pacientes en general y servicio de guardia".

Por el Hospital de Salud Mental "J. T. Borda", inició el amparo Pedro Jehova Rivadeneira, ante el juez Treacy

Queda pendiente que el juez Treacy dicte la medida cautelar solicitada en cuatro oportunidades por el asesor tutelar.

Moreno solicita un plan actualizado de obras y en caso de avance que informe su situación y detalle de obras.

Está pendiente un relevamiento de las necesidades de recursos humanos (enfermeros, médicos, psiquiatras, psicólogos personal de administración y mantenimiento y seguridad), auditar las historia clínicas y la revisión médicamente a los pacientes internados. En cuestiones de prevención de incendio es deuda un informe.

Antes que este texto conociera estado público, este medio pidió explicaciones al ministro Lemus y los reiterados llamados fueron desoídos. El asesor Tutelar de Menores e Incapaces, Gustavo Moreno, tampoco recibió respuestas a sus pedidos de informes.

 

 

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