Encabezados por el legislador de Igualdad Social,  Martín Hourest, un grupo de diputados porteños presentó un proyecto de declaración rechazando la firma de una serie de convenios entre el Gobierno de la Ciudad y universidades privadas, por los cuales estudiantes de grado y postgrado podrán cursas prácticas en los hospitales públicos.

Los funcionarios argumentaron que estas medidas provocarían el recorte de las plazas asignadas a los alumnos de la Universidad de Buenos Aires. Además, remarcaron que la contraprestación que realizarían los establecimientos privados “sería de 30 pesos por mes por alumnos para utilizar una estructura con profesores pagos por el Gobierno de la Ciudad”.

“Estos convenios generan un vaciamiento de la educación pública, si tenemos en cuenta que los estudiantes de medicina finalizan su formación profesional con el internado anual rotatorio en hospitales públicos”, dijo Hourest sobre el tema.

Por otra parte, el Consejo Superior de la UBA emitió una resolución en la que se expresa la “profunda preocupación por la firma de los convenios y solicita a la Legislatura que promulgue un proyecto de ley para derogarlos”.

“La educación pública debe ser una prioridad del Estado; que el Estado debe favorecer prioritariamente los intereses de las instituciones de educación pública, y que dichos convenios representan un riesgo para la defensa de los intereses de la educación pública”, afirman desde la UBA.

Los legisladores que adhirieron al proyecto de declaración fueron: Gabriela Alegre (Diálogo por Buenos Aires), Verónica Gómez y Julián D'Angelo (Partido Socialista), Sergio Abrevaya, Facundo Di Filippo y Diana Maffía (Coalición Cívica), Alicia Bello y Gabriela Cerruti (Frente para la Victoria), Liliana Parada (Igualdad Social), Alejandro Rabinovich (Autonomía con Igualdad) y Patricia Walsh (Nueva Izquierda).