El proyecto del vicepresidente del bloque de la Coalición Cívica de la Legislatura porteña es un intento de recuperación de la zona de la  ribera como espacio público que retoma lo establecido en el artículo octavo de la Constitución de la Ciudad, el cual expresa que “los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”.

Haciendo caso omiso a lo expuesto por la ley,  la mayor parte de la zona costera de la Ciudad fue concesionada en la década de los ’80 para la instalación de locales gastronómicos y bailables, como también para solarios y centros recreativos privados y los respectivos contratos renovados por las sucesivas administraciones porteñas.

La iniciativa consta de cinco artículos, basados en lo establecido por los artículos 2.639 y 2.640 del Código Civil de la Nación, que prevén la existencia de un paseo costero de 35 metros de ancho denominado: el “camino de sirga”.

De acuerdo a lo señalado por Di Filippo en los fundamentos del proyecto: “El camino de sirga cumple una misión fundamental tanto para preservar los ecosistemas costeros como para garantizar la libre circulación y acceso a los recursos naturales de dominio público”.

El proyecto de ley establece que el camino de sirga debe estar libre de “obras, construcciones u otras actividades permanentes o transitorias que impidan u obstaculicen la libre circulación”, exceptuando a “los asentamientos de personas con fines exclusivos de vivienda única”, para lo cual dispone que en esos casos “no se realizarán desalojos o desplazamientos forzosos, debiendo reubicarse en viviendas dignas a las personas y familias afectadas con acuerdo expreso de las mismas”.

Una de las polémicas que la iniciativa reabrió fue la renovación del contrato de concesión de Punta Carrasco que el Gobierno de Macri selló este año con un canon mensual de sólo 35.000 pesos.

El diputado Di Filippo presentó una denuncia ante la Justicia porteña para que anule por inconstitucional el decreto  993, a través del cual se cerró la negociación y disponga el cese de la concesión a la firma Punta Carrasco SA.

En el escrito de 44 carillas que el legislador presentó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 11 de la Ciudad, a cargo del Dr. Fernando Enrique Juan Lima, sostuvo  que se violó lo establecido por el artículo 8º de la Constitución porteña, por los artículos 2.639 y 2.640 del Código Civil de la Nación y por las ordenanzas vigentes números 46.229/93,  46.660/93 y 47.666/94 de acuerdo a las cuales “las concesiones y permisos de uso vigentes (de los espacios de dominio público) se mantendrán hasta que opere su vencimiento, a partir del cual no podrán ser renovados”. 

Además, Di Filippo añadió a la presentación un informe de la Auditoría General de la ciudad de noviembre de 2007 sobre la falta de habilitación de varios de los locales que funcionan dentro del predio de Punta Carrasco. También se detectó que “la zona en cuestión ha sido objeto de rellenos no autorizados por autoridad competente, realizados sin parámetros ecológicos” y una serie de incumplimientos del contrato en materia del Plan de Obras obligatorias y ofertadas, la realización de obras no autorizadas, la falta del pago de derechos de delineación y construcción, el subarriendo sin autorización del área gastronómica del complejo y  la desvirtuación del objeto de la concesión, contrariando el destino de paseo popular.