El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial el decreto 85/10 por el cual se veta totalmente la Ley 3329 que establecía la creación de un Fondo de 240 mil pesos para la localización y restitución de niños/as secuestrados/as y/o nacidos/as en cautiverio en Argentina durante cinco años, renovables por cinco más.

La Ley había sido promovida por la diputada Gabriela Alegre del Encuentro Popular para la Victoria y contó con el apoyo de los diputados Juan Cabandié del Encuentro Popular para la Victoria, Diana Maffía de la Coalición Cívica, Aníbal Ibarra, Eduardo Epszteyn, Raúl Puy de Diálogo por Buenos Aires, Raúl Fernández de Encuentro Progresista, Gonzalo Ruanova de Nuevo Encuentro y la ex diputada Alicia Bello de Identidad Porteña.

En su artículo segundo, la norma  establecía que “el Fondo está destinado a solventar los gastos que demande la localización y restitución, como así también las actividades que se efectúen en defensa del derecho a la identidad y de los derechos del niño que lleva a cabo la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo y su Centro de Atención Psicológica por el Derecho a la Identidad”.

Con argumentos de corte económico, el Ejecutivo volvió a foja cero los avances de la Legislatura en materia de Derechos Humanos. Desde el macrismo aseguran que “esta gestión de Gobierno -en un todo de acuerdo con las mismas- apoya y garantiza el ejercicio de las actividades de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo”, pero sostienen que “no resulta procedente que el Gobierno de la Ciudad disponga de su patrimonio en la constitución de un Fondo para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto de ley en revisión en toda la República Argentina, excediendo su ámbito de jurisdicción”.

El proyecto estipulaba que los recursos necesarios para la conformación y efectividad del Fondo serían con cargo al crédito anual aprobado por la Ley de Presupuesto de la Ciudad  asignado al Poder Ejecutivo de la Ciudad.  Respecto a este punto, el decreto señala que en el Presupuesto 2010 no se ha previsto una partida para la implementación de este fondo, aunque podría solucionarse con una reasignación de partidas.

En la fundamentación del veto indican que “la responsabilidad que requiere el manejo de fondos públicos, sumada a razones político-administrativas que aconsejan no comprometer el presupuesto de futuras gestiones frente a necesidades y acontecimientos de urgencia que pudieran suscitarse, obstan un juicio favorable a su respecto”.