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lunes 15, agosto de 2011

Buscan frenar la instalación de cámaras en las escuelas porteñas

El Observatorio de Derechos Humanos (ODH) y la Unión de Trabajadores del Estado  (UTE) presentaron una acción de amparo contra la iniciativa del Gobierno porteño de instalar cámaras de video en 90 establecimientos de educación pública de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 El amparo fue presentado ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 3 que subroga la jueza Dra. Elena Liberatori para suspender la aplicación del Decreto Nº 216/11 por el cual el Jefe de Gobierno avaló el registro de imágenes dentro de las escuelas. Según las entidades que patrocinan a los padres de estudiantes de las escuelas públicas porteñas, la medida “viola el derecho a la intimidad de los niños, así como el derecho a la reserva de la propia imagen”.

El recurso solicita una medida cautelar que suspenda el plan para tres de las escuelas afectadas pertenecientes al distrito escolar 6.  La magistrada dió lugar al amparo y  suspendió la aplicación de la medida hasta que las partes presenten fundamentos que convenzan a la justicia fallar definitivamente en favor de una de las partes.

 
El proyecto oficial prevé la instalación por parte del Gobierno de la Ciudad de cámaras de circuito cerrado en 330 establecimientos para vigilar y almacenar imágenes en bases de datos de empresas privadas que ya ganaron una compulsa pública, que lanzó el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño. El monto previsto para la instalación de dicho servicio asciende a 532 millones de pesos.
 
El plan divide la ciudad en cuatro zonas para el “monitoreo” de bienes oficiales e incluye 90 escuelas, desde jardines de infantes hasta secundarios. En el listado también hay hospitales, centros de salud, paradores para gente en situación de calle, museos, teatros, cementerios, el Parque Indoamericano y hasta ex Centros Clandestinos de Detención como Orletti, Club Atlético y El Olimpo.
 
Los padres que objetaron la medida, afirman que de concretarse "privará a nuestros niños del derecho a su intimidad en la vida escolar y en sus conflictos según su estadio del desarrollo, a pesar de que el estado ha reconocido a todas las personas y especialmente a los niños y niñas, el derecho a mantener reservada la información que considere no comunicable".
 
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