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miércoles 21, septiembre de 2011

Marcha atrás con el Gran Hermano escolar

Después de una orden judicial, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Guillermo Montenegro, firmó una resolución que frena la instalación de cámaras de vigilancia en escuelas.

El ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, dictó la Resolución N° 627/MJYSGC/11 que ordena a todas las empresas adjudicatarias que se abstengan de instalar las cámaras en el interior de
establecimientos.

De esta manera el Gobierno de la Ciudad cumple con lo ordenado por la Justicia luego de la audiencia convocada por Elena Liberatori, en la que se había intimado “a que en el término de 10 días acompañe al
expediente el acto administrativo correspondiente a suspender la instalación de las cámaras de seguridad.

La prohibición rige para todas las escuelas públicas de la Ciudad, así como para otros establecimientos donde pudieren resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, niños y adolescentes.

Esta medida ha sido consecuencia de la medida cautelar dispuesta por la jueza Elena Liberatori ante la presentación de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) en patrocinio de padres de niños que concurren a escuelas públicas.

“Se negaron a dialogar con nosotros y los docentes, por eso tuvimos que recurrir a la Justicia para recordarle al Poder Ejecutivo porteño que existe un límite a la discrecionalidad administrativa”, explicó el abogado
del ODH Demian Konfino.

El Secretario General de UTE, Eduardo  López consideró la noticia "un doble triunfo, ya que este gobierno no tiene por costumbre cumplir con las mandas judiciales".

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