La medida establece una serie de acciones que el Poder Ejecutivo deberá llevar adelante para asegurar un ambiente apto para el desarrollo humano. En primer lugar, la realización del “deberá realizar el censo habitacional de las familias residentes en el camino de sirga del Riachuelo identificándose claramente las características ambientales y socioeconómicas; arbitrar los medios necesarios para relocalizar a todas las familias que vivan en villas y asentamientos precarios sobre el camino de sirga del Riachuelo correspondiente a la Ciudad, asegurando la información y participación de las familias involucradas; realizar todas las acciones tendientes a lograr la liberación del camino de sirga para su uso público, teniendo en consideración lo dispuesto en el inciso anterior; desarrollar un Plan de saneamiento integral en villas y asentamientos precarios”.     

 

Por su parte,  el Gobierno de la Ciudad deberá “brindar una inmediata y adecuada asistencia y atención médica integral de la población afectada, garantizando el acceso a los servicios de salud y medicamentos que correspondan a la problemática; desarrollar estrategias de prevención y promoción de la salud; formar "Centros de Salud Ambiental", garantizando una infraestructura apropiada y la participación de profesionales expertos en la materia”. 

 

Además autoriza al Ejecutivo local a establecer las medidas e incentivos económicos y financieros adecuados para la reconversión de las empresas a fin de prevenir y mitigar la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo, dando prioridad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) radicadas en la ciudad.

 

En cuanto a las empresas vinculadas con la problemática de la contaminación, el Ejecutivo realizará "el empadronamiento de las empresas y establecimientos, detallando el domicilio, la actividad, modo de producción, cantidad de empleados, forma de tratamiento y eliminación de los residuos". También realizará estudios en el agua, suelo y aire con el objeto de determinar el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa vigente y tomar medidas preventivas y correctivas.

 

Por último, establece que un representante del Poder Ejecutivo deberá concurrir a la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires antes del mes de octubre de cada año, para informar sobre las acciones realizadas en el marco de lo dispuesto en la ley.