Un cierre de año a puro veto

 A diez años de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, el jefe de gobierno, Mauricio Macri, decidió dar vuelta la página de la historia y, a través de un nuevo veto, anuló la ley N° 4008 que prorrogaba hasta 2017 el régimen de protección de 29 fabricas recuperadas que funcionan en la ciudad y emplean a más de 2000 trabajadores. 

 
Un cierre de año a puro veto
Sur Capitalino 24 de Diciembre, 2011

La iniciativa impulsada por el legislador Diego Kravetz  estipulaba una extensión por seis años más de la ley 1529, que declara de "utilidad pública y sujetos de expropiación" a los inmuebles donde funcionan empresas recuperadas gestionadas por los trabajadores, entre ellas Maderera Córdoba y Chilavert Artes Gráficas.

En los considerandos, el jefe de Gobierno justifica su veto diciendo que se la norma contiene una "excepción general de expropiación aplicable en el ámbito de la Ciudad".  El legislador Kravetz explicó que el gobierno porteño "plantea una discusión técnica, cuando en realidad la ley apunta a salvaguardar la inoperancia del Ejecutivo". "Si la Legislatura dictamina que esos inmuebles son de utilidad pública, el Ejecutivo tiene que efectivizar a través de ciertos pasos administrativos esa decisión; sin embargo, pasaron tres gobiernos -la norma es de 2005- y todavía no se cumplió". 

 
“En todo ese tiempo, el Estado porteño se presentó sólo en dos quiebras y pagó las expropiaciones, pero jamás se presentó en los casos de 29 fábricas que la Ciudad debía comprar”, explicó al matutino Tiempo Argentino, Eduardo Montes, trabajador de Gráfica Patricios y vicepresidente de la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (UPEA), el organismo que reúne a 15 fábricas gestionadas por sus trabajadores.
 
“Con el veto de Macri, todos los procesos de quiebra se pueden volver en nuestra contra, y ahora, los vaciadores que se fugaron hace diez años, podrán reclamar, sin ningún impedimento legal, que nos quiten todo, y nos dejen en la calle”, contó con preocupación el obrero gráfico
 
Con esta medida, la gestión PRO ya suma 84 leyes anuladas desde el  10 de diciembre de 2007, cuando Macri estrenó su mecanismo predilecto con el veto a la ley que creaba una fábrica pública de medicamentos genéricos en la Ciudad.