En las presentaciones cuestionaron al Ministerio de Educación de la Nación por la falta de aplicación del enfoque social que exige la Convención, la admisión y justificación de las escuelas especiales para personas con discapacidad, la omisión de contemplar la realización de ajustes y flexibilizar el sistema educativo para lograr la inclusión, y la omisión de garantizar su acceso al nivel medio obligatorio común.

Por su parte, al Ministerio de Educación porteño se le solicitó, entre otras cosas, la modificación de la reglamentación que actualmente sólo autoriza el ingreso de Acompañantes Personales No Docentes a escuelas estatales para niños/as con TGD (Trastorno Generalizado del Desarrollo), excluyendo a niños/as con otra discapacidad que también requieren este apoyo para facilitar su inclusión en la escuela común.