El legislador solicitó que el gobierno porteño especifique si se modificará el diseño paisajístico de las plazoletas y canteros laterales existentes, y en su caso cuál es el proyecto resultante, como así también busca que se fundamenten los motivos por los cuales se han extraído y transplantado en esta época del año las especies arbóreas involucradas y si existe riesgo de sufrir daños irreversibles. 

 

También pidió al Ejecutivo que  informe si se ha confeccionado el pertinente Pliego de Forestación, y en su caso  lo presente, y si se ha establecido la extracción de algún ejemplar, así como el organismo y responsable encargados de su control durante la ejecución de la obra. 

 

Por su parte, el legislador del MST en Proyecto Sur, Alejandro Bodart, consideró que: "Para mejorar el transporte y no destruir la 9 de julio, que es un símbolo de la Ciudad, bastaría realizar las inversiones necesarias en la línea C del Subte. Así se podría mejorar su frecuencia y capacidad para transportar mucha más gente que hoy”.

 

También explicó que: "si a lo anterior sumamos la limitación de circular durante las horas pico a los vehículos particulares en las calles laterales como Lima o Pellegrini, la mejora en el transporte público sería un hecho" y enfatizó: "sólo se entiende el desastre que está realizando (Mauricio) Macri si tenemos en cuenta el negociado privado que hay detrás de estas obras". 

 

Otro que manifestó su disconformidad con el proyecto fue el legislador porteño del Partido Socialista Auténtico e integrante de las comisiones de Espacio Público y Ambiente de la Legislatura Porteña, Adrián Camps, que participó de las movilizaciones vecinales y advirtió sobre el exorbitante gasto de las obras: “Se van a gastar 166 millones de pesos para destruir la avenida más emblemática de la Ciudad con el sólo fin de colocar paradas con techo, cuando bien podrían estar ubicadas en los laterales y sin necesidad de arrasar con la 9 de Julio”. 

 

“O los funcionarios del gobierno de (Mauricio) Macri provienen de otro planeta o estamos ante un gigantesco negocio, imposiblede justificar con argumentaciones sensatas”. 

 

La organización ecologista internacional, Greenpeace, se hizo eco de la preocupación de los vecinos porteños y dio a conocer su posición: “Ante la diversidad de consultas que recibimos sobre el impacto ambiental de la tala de árboles en la avenida 9 de Julio para la realización de obras destinadas al `Metrobus`, entendemos y compartimos la preocupación de vecinos y organizaciones sociales por la remoción de árboles” y “consideramos que es una decisión innecesaria que debió ser consultada previamente con la ciudadanía”.

 

Greenpeace advirtió que “es necesario que el sistema de transporte público de pasajeros sea pensado de una manera integral con participación de los vecinos”.

 

El pasado miércoles, la justicia porteña le ordenó al gobierno de la Ciudad la "inmediata suspensión" de cualquier actividad que implique la poda, el trasplante, remoción o destrucción del arbolado de la histórica avenida porteña. 

 

La medida precautelar fue adoptada por el juez Guillermo Schleiber, subrogante del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 14,  en respuesta al amparo presentado el por el ex legislador de la Coalición Cívica Facundo Di Filippo y regirá hasta que se decida si hay riesgo para el patrimonio ambiental.