Un fallo a favor de las Comunas

La justicia porteña suspendió las Unidades de Atención Ciudadana (UAC) creadas por el Gobierno de Mauricio Macri hasta tanto se determine su legitimidad, porque tienen funciones similares a las de las Comunas.  Los vecinos de la Junta Comunal 15 habían denunciado la ilegitimaidad de estos órganos paralelos que, según explicaron, tienen como objetivo “vaciar de contenido las Juntas, presentarlas como inservibles y, a la larga, lograr que se desintegren negando lo que establece la Ley”. 

 
Un fallo a favor de las Comunas
La decisión fue tomada por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ante un amparo presentado por vecinos, revocando una decisión de primera instancia.
 
“Si el poder central tuviese facultades para avocarse o ejercer alguna en las competencias descentralizadas, ¿cuál sería su sentido?”, se pregunta el fallo.
 
Concluye que “evidentemente, si existiese un poder jerárquico disfrazado de relación de tutela, prima facie, parece desvanecerse la finalidad de la descentralización”.
 
Advierte además que “por la natural tendencia del poder central a expandir sus funciones, progresivamente lo que se diseñó como un centro de decisión autónomo (en el caso de las autoridades independientes, claro está), en los hechos, no sería más que un órgano subordinado a aquel poder”.
 
Luis Cuneo (Frente para la Victoria, FPV), miembro de la Junta Comunal 15, juzgó “de gran valor que la Justicia haya reconocido una situación que nosotros venimos denunciando, y cuando digo `nosotros` me refiero a todo el arco opositor al macrismo”.
 
Vecinos y organizaciones de esa comuna plantearon el año pasado ante la justicia la ilegitimidad de la UAC creada por el Ejecutivo local a través del decreto 376/11.
 
“La UAC tiene funciones similares a las de las comunas como por ejemplo ejercer la supervisión, coordinación y control de la prestación de servicios y gestionar y realizar el seguimiento de los reclamos, quejas, denuncias, solicitudes y trámites solicitados por los vecinos distribuyéndolos a las áreas competentes”, describió Ondina Fraga, de la Junta Comunal 6.
 
Las UAC funcionan en los edificios de los Centros de Gestión y Participación (CGP), con parte de sus empleados, y cuentan con un coordinador que responde a la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a cargo de Eduardo Macchiavelli.
 
“A la Juntas Comunales, en cambio, el Ejecutivo no les transfirió ningún espacio físico para trabajar, cuando lo lógico hubiera sido que utilizáramos los CGP. Lo que hizo fue prestarnos espacios en estos edificios”, criticó Cuneo.
 
Tampoco hubo asignación de presupuesto, por lo que “las Juntas no tenemos recursos para realizar ningún tipo de acción ni gestión, ni se descentralizaron programas ni servicios, es decir que estamos sin funciones”, remarcó el comunero.
 
“El objetivo de estas acciones y omisiones es vaciar de contenido las Juntas, presentarlas como inservibles y, a la larga, lograr que se desintegren negando lo que establece la Ley”, acusó.
 
La Constitución de la Ciudad de Buenos de 1996 fue la primera en plantear la obligación del proceso de descentralización para el que daba plazo de cinco años, que coincidió con la crisis de 2001.
 
En septiembre de 2005 se sancionó la Ley 1777, donde se estableció que “las Comunas son unidades de gestión política y administrativa descentralizada con competencia territorial, patrimonio y personería jurídica propia”.
 
Sin embargo, se demoró hasta 2011 la primera elección de comuneros, quienes asumieron sus cargos en diciembre último. Dos días antes de las elecciones, el Ejecutivo porteño creó las UAC.
 
Fraga explicó que “esta medida refuerza la idea de que la gestión central desalienta el proceso de descentralización político-administrativo, ya que crea un órgano paralelo a la Comuna”.
 
Consideró que “además es usado como un pago político a sus punteros locales, desde donde contratan indiscriminadamente, mientras que a las Comunas nos desfinancian y nos limitan la capacidad de contratar personal idóneo”.
 
“Por ejemplo -detalló- la posibilidad de tener un ingeniero agrónomo que controle y planifique la poda, que es competencia exclusiva de la comuna. Ahora, no contamos ni con un jardinero”.
 
Existen en la Ciudad 105 comuneros con sueldos brutos de 17.000 pesos. Los presidentes de las Juntas Comunales cobran 2.000 más.
 
“El macrismo de hecho tiene mayoría en 12 de las 15 comunas, entonces podría hasta sacarle algún rédito, pero prefiere desarticular las juntas comunales porque le teme a la participación y, en definitiva, no cree en la intermediación política”, concluyó Cuneo.
 
Fuente: Télam