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miércoles 22, mayo de 2013

Amplían la denuncia penal contra la Metropolitana

El asesor Tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Tributario Nº 1, Gustavo Moreno, amplió recientemente la denuncia penal que realizó por las agresiones a los pacientes en la represión de la Policía Metropolitana del 26 de abril en el hospital Borda.

 

Amplan la denuncia penal contra la Metropolitana
“Lo que advierto es desobediencia, abuso de autoridad, violaciones a los deberes de funcionario público y apremios ilegales”, explicó Gustavo Moreno sobre lo ocurrido aquella mañana de abril en el Hospital Borda.
 
En el nuevo informe detalló que “hay cuatro pacientes con disparos de balas de goma”, de los cuales el caso más contundente es el que tiene “21 marcas de balas de goma y muchas en la espalda, lo que quiere decir que la policía Metropolitana les tiró huyendo, en el piso o por la espalda. Yo no sé de qué habla Guillermo Montenegro cuando dice que actuaron de acuerdo con el protocolo”.
 
Otro de los pacientes, que “huyó, saltó un paredón, cayó y se quebró, apareció como NN en el hospital Penna. Luego volvió al Borda y está en el servicio de clínica médica”, dijo.
 
Asimismo, un paciente “tiene una herida en el muslo y hay otros 14 descompensados, de los cuales a cuatro hubo que aumentarles la medicación, y a 10 compensarlos psicológicamente por lo que generó la Policía Metropolitana reprimiendo adentro del hospital”.
 
Otro ejemplo del daño moral -además del físico, que causó la represión-, es el de un paciente “dual -además de tener un padecimiento mental es adicto- que estuvo fugado porque, cuando vio a la policía, pensó que lo venían a buscar y se volvió a la villa 21-24” de donde proviene.
 
Moreno también informó, como otra muestra de que el gobierno porteño ignora a la Justicia, que “además de la resolución de la época de la jueza Liberatori (Elena) que impedía demoler el taller Nº 19”, dos días antes de la represión el 24 de abril “firmamos un acta con el procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, y los jueces de Cámara Fernando Juan Lima, Mabel Daniele y Marcelo Frondizi”.
 
Mediante esa acta “nos dimos un plazo de cinco días para que cada uno manifestara su punto de vista respecto de dónde tenía que estar el taller, antes de que los jueces decidieran qué hacer con ese espacio para los pacientes”.
 
Dicha acta judicial fue firmada en presencia de la ministra de Salud de la ciudad, Graciela Reybaud, luego de una recorrida por donde estaba antes el Taller Nº 19 y por las nuevas instalaciones a donde quiere trasladarlo el gobierno porteño. 
 
Por ende, el magistrado sostuvo que “el operativo (para la demolición) estaba planificado y coordinado por el Poder Ejecutivo desde antes del 24 de abril”.
 
Agregó, como otra prueba de ello, que “según las declaraciones del ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín, y el de Seguridad y Justicia, Guillermo Montenegro, cuando fueron interpelados en la Legislatura por la represión, Chaín le envió a Montenegro una nota el 25 de abril pidiéndole seguridad porque empresas privadas iban a hacer el 26 la demolición”.
 
A eso suma que “el director del hospital no tenía ninguna indicación (de la ministra de Salud) para tomar una medida respecto de los pacientes, o sea, no sabía lo que iba a pasar”.
 
Otros importantes datos aportados sobre lo ocurrido el 26 es que el operativo de la policía Metropolitana no arrancó cerca de las 7:20 de la mañana, como aseguró ante la Legislatura porteña el ministro Montenegro, sino casi una hora antes, a las 6:30, cuando todavía era de noche.
 
La prueba de esto, según explicó Moreno, es que “a las 6:30 le comunicaron al director de Administración del hospital Borda que había personal policial de la Metropolitana dentro del hospital”.
 
“A las 7:30 –continuó el asesor tutelar de la Ciudad- Romero ve que hay tres cercos perimetrales, uno de la policía con pechera amarilla, otro que podría ser de Infantería, y otro más atrás de anti motines”, y añadió: “es increíble la cantidad de efectivos para proteger la demolición”.
 
Romero y el testigo Daniel Emi “dicen que vieron a la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, dentro del hospital a las 8 de la mañana”, poco antes de que comenzara la represión, con lo cual “queda demostrado que los máximos referentes del gobierno de la ciudad tomaron una decisión que sabían deliberadamente que iba a tener algún tipo de consecuencia”.
 
“Lo más grave para mí, como representante de los enfermos, es que aun cuando tuviese razón el gobierno de la Ciudad (para demoler y trasladar el taller) debió adoptar medidas de seguridad para que los enfermos del Borda no llegasen al lugar; el que conoce el Borda sabe que es un hospital de libertad ambulatoria”, sostuvo.
 
Fuente: Télam
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