La nota de tapa de la última edición de Sur Capitalino atravesó las fronteras del barrio. Las repercusiones por la denuncia de irregularidades en la adjudicación de viviendas de Casa Amarilla por parte del IVC llegaron a las páginas de los diarios nacionales. Incluso a las radios y a la televisión. Quienes quisieron ver y oir, se enteraron que el IVC dependiente del Gobierno porteño le “regaló” a una asociación civil el poder de determinar quiénes serán las 438 personas que en pocos meses recibirán una vivienda construida por el Estado en La Boca.

 

Pero el inmenso eco de la denuncia no encontró su correlato más que en un silencio de tamaño similar. Ni un solo funcionario del IVC ni del Gobierno de Mauricio Macri dijo una palabra sobre el tema. Nadie salió a aclarar públicamente cómo ni por qué un organismo público le cedió a una asociación una función que debe cumplir el Estado y sin el mínimo control. Obviamente tampoco explicaron ni una línea de la integración de ese listado, repleto de irregularidades.

 

Lo que sí provocaron las repercusiones de la investigación periodística fue la reacción de muchos preadjudicatarios del programa que hasta ahora nunca habían lograron obtener información sobre el destino concreto de las viviendas. Estas familias que quedaron excluidas sin explicación de los listados de la Asociación Casa Amarilla recurrieron a la Justicia.  

 

La encargada de recibir estas denuncias, que se multiplicaron con la nota de Sur Capitalino, fue la Defensoría General de la Ciudad. Allí se abrió un expediente que reune distintos casos de familias que se inscribieron en la operatoria hace casi diez años, que luego fueron notificadas de la preadjudicación de una de las 1200 viviendas que se iban a construir en el terreno de Casa Amarilla pero que después nunca más recibieron una respuesta de parte del IVC.

 

Cada vez que se acercaron a las oficinas de Carabelas recibieron un mensaje confuso: “ya están cerradas las listas”, “no hay información todavía sobre las adjudicaciones” o un simple “vuelva en un mes”. El mensaje que daban por debajo del escritorio de mesa de entradas era más claro: una tarjeta con el teléfono de Juan Carlos Capella, tesorero de la Asociación Casa Amarilla. Confundidos, varias de estas personas que se presentaron ante el IVC hasta creyeron que la asociación era parte del Instituto de la Vivienda.

 

Todo este material es el que está en manos de la Defensoría, que lo primero que requirió fue una explicación del IVC. Como para no perder la costumbre, el organismo que dirige Emilio Basavilbaso jamás respondió. Los pedidos de informes solicitan, básicamente, que el IVC diga si la demandante es beneficiaria del plan de viviendas y si no lo es, por qué. Las irregularidades y arbitrariedades que, a priori, está observando la Defensoría; sumados a la falta de respuesta del IVC derivará en pocos días en la judicialización del tema.

 

Tras las noticias en los medios –muchos de los cuales hicieron hincapié en que miembros de la barra de Boca están incluidos en los listados de la Asociación Casa Amarrilla- el silencio también brilló por los pasillos y el recinto del Poder Legislativo. Más allá de algunos repudios aislados y en voz no muy alta, los diputados de la oposición no encontraron –o no quisieron encontrar- la forma de echar luz a la maniobra por demás oscura.

 

En diciembre del año pasado los legisladores de la UCR, Claudio Presman y Rubén Campos, habían dado un primer paso: presentaron un proyecto de resolución en el que se le pedía al IVC que informara sobre el Plan Viví en tu Casa: le preguntaba cuántas personas se habían inscripto y cuántos eran los preadjudicatarias; si se había firmado un convenio con la Asociación Civil Casa Amarilla; cuál era el criterio de dicha entidad para la selección de los futuros propietarios; a cuántos de los 1200 preadjudicatarios representa la Asociación y si esa representación se encuentra probada por el IVC; con qué criterio se seleccionó a la Asociación para  que sea considerada co-impulsora de la construcción de viviendas; y cuántos de los 438 beneficiarios viven en La Boca; entre otras preguntas.

 

En febrero de este año, el IVC respondió la solicitud, aunque a medias. Desde la Coordinación General Legal y Técnica del IVC, Gonzalo Barilati repasó la instrumentación de la operatoria en 2004, la demanda legal iniciada por la Asociación Civil Casa Amarilla en 2008 debido a la falta de ejecución de las obras, y el posterior acuerdo, a fines de 2012, entre el IVC y esa asociación “con el objeto de poner fin a la acción de amparo interpuesta”. El funcionario recordó además, que ese convenio fue remitido a la Legislatura, en donde quedó aprobado tras no ser tratado durante 60 días por la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por el macrista Helio Rebot.

 

Respecto a los detalles de ese convenio, el IVC dijo poco y nada. En un párrafo aclaró que “el único medio de entrega de las viviendas es su transferencia onerosa a través del otorgamiento de créditos” y confirmó que la Asociación administrará los departamentos con el consentimiento de la mayoría absoluta y que se le cederá un departamento en comodato para ese fin. Del resto de las preguntas que presentaron los legisladores, ni una línea.

 

Eso fue todo. Ahí quedó el tema. Ya hicimos lo que podíamos, dicen por los pasillos de Perú 160. ¿Y ahora? Ahora la campaña de cara a las elecciones de octubre. Y a la par, las obras en Casa Amarilla que no descansan. En unos meses, aseguran, los edificios estarán listos. Justo para las elecciones.