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viernes 2, agosto de 2013

La Justicia ordenó seguir investigando a Macri por la causa UCEP

La Sala II de la Cámara de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa de Macri en la causa por el violento accionar de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP)  y ordenó continuar la investigación penal para determinar  las responsabilidades de Mauricio Macri en 17 casos de violencia contra personas en situación de calle.
 

La Justicia orden seguir investigando a Macri por la causa UCEP

Los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky decidieron,  por unanimidad, no hacer lugar al recurso presentado por la defensa del Jefe de Gobierno contra el  fallo de la Sala I de la Cámara del Crimen que el año pasado  había revocado el sobreseimiento de Macri en la causa. Con este  “recurso de queja”,  los abogados de Macri  lograron demorar la investigación por más de un año.

En su momento, los jueces habían considerado que  existían una serie de elementos por los que resultaba razonable presumir que  Macri no desconocía el modo en que operaba la unidad avalada por él mismo.  En particular, la Sala I de la Cámara del Crimen, tuvo presente  un archivo digital que sirvió como prueba en la investigación donde el propio Jefe de Gobierno pedía  un requerimiento de actuación a la UCEP por un desalojo en la calle Esteban De Luca, en el barrio de Parque Patricios.

En el falló se enfatizó que la actitud del jefe de Gobierno era doblemente reprochable. En primer lugar, por crear este organismo, pero además, conociendo la actividad ilícita de sus agentes —ante las graves denuncias formuladas por diferentes instituciones— no ordenó su disolución inmediata ni tampoco efectuó controles para evitar la repetición de los sucesos.  Por el contrario, decidió ratificar en funciones a la UCEP mediante el dictado del decreto Nº 145/2009.

Los abusos perpetrados por los miembros de la UCEP sobre indigentes o personas en situación de calle fueron motivo de serias denuncias desde 2010 por parte de legisladores, de  la Defensoría del Pueblo y del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad.   En todos los casos, se alertó sobre el modus operandi del organismo, e incluso, se aportaron filmaciones de casos testigo que evidenciaron desalojos violentos en plazas o calles. (http://www.youtube.com/watch?v=lLKXL778khU)

A pesar de esta situación,  la UCEP fue ratificada por la gestión de Macri mediante el decreto Nº 1232/08, con el objetivo de mantener el espacio público libre de “usurpadores”.  Criterio que resulta violatorio del artículo 13 la Constitución de la CABA que  “garantiza la libertad de los habitantes” y plantea que “no puede establecerse en el futuro ninguna norma que implique, expresa o tácitamente, peligrosidad sin delito”.
 

A raíz de las reiteradas denuncias,  el entonces ministro de Ambiente y Espacio Público, Juan Pablo Piccardo,  debió presentar su renuncia y el juez de Instrucción Facundo Cubas inició una investigación  en la que  se corroboraron por lo menos 17 hechos delictivos de esa extrema violencia.  La causa se encuentra caratulada como “MACRI, MAURICIO, PICCARDO PABLO, UCEP s/ Amenazas y otros delitos”.  Actualmente,  Macri  y  otros veintinueve funcionarios del Gobierno porteño,  se encuentran imputados  por delitos que incluyen lesiones, coacción agravada e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
 

Fuente: Observatorio de Derechos Humanos (ODH)
 

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