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jueves 14, noviembre de 2013

Comisarías de plomo

A 30 años del fin de la dictadura, la Justicia aún no avanzó en investigar el rol de las comisarías porteñas en el terrorismo de Estado. Según testimonios de sobrevivientes, las seccionales de La Boca y Barracas funcionaron como centros clandestinos donde se secuestró y se torturó. Por Luciana Rosende

Comisaras de plomo
Miguel Alcides Viollaz era comisario en la seccional 28 en 1976. El 17 de agosto de ese año, dos militantes fueron detenidos allí. Uno, Ricardo Camino Gallo, fue liberado. El otro, Ricardo Cittadini, está desaparecido. Su familia recurrió a la Justicia apenas estrenada la democracia, pero luego las leyes de Obediencia Debida y Punto Final frenaron el caso. Tras la anulación de esas leyes en 2003, la causa se reabrió y recayó en el juzgado de Daniel Rafecas. El 26 de septiembre pasado, el ex comisario Viollaz fue detenido: está con prisión domiciliaria, a la espera de que se dicte o no su procesamiento.
 
A 30 años de la recuperación de la democracia y a una década de la anulación de las leyes de impunidad, todavía es mucho lo que resta por saber sobre el accionar de las comisarías porteñas durante la última dictadura. Entre ellas, las de La Boca y Barracas. “Nosotros decimos: toda comisaría de la Policía Federal donde haya ido alguien secuestrado, aunque sea por una hora, fue un centro clandestino de detención por una hora. Creo que no hay ninguna comisaría de la Federal que no haya tenido secuestrados por horas”, define Pablo Llonto, abogado querellante en diversas causas por crímenes de lesa humanidad. El caso Cittadini, secuestrado en la 28, fue su primera causa.
 
Torturas en la 28
Ricardo Cittadini era oriundo de Trelew, pero estudiaba Economía y militaba en la Juventud Universitaria Peronista de La Plata. El 17 de agosto de 1976 viajó a visitar a su tío, en Barracas. Llegó  a las cinco de la tarde, fue a dar una vuelta por Plaza España y se entretuvo mirando un partido de bochas. A la misma hora y en el mismo lugar, Ricardo Camino Gallo daba un paseo. Militante uruguayo, vivía a pocos metros de la plaza bajo la protección de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y también cautivó su atención el partido de bochas. Allí estaban los dos cuando paró un móvil de la Policía Federal y les exigió identificarse.
 
Sin conocerse, los dos Ricardos fueron subidos al patrullero y llevados a la comisaría 28. En el camino pudieron cruzar algunas palabras y Cittadini le dio a Camino Gallo los datos para ubicar a su familia. En la comisaría los separaron. Desde su celda, Gallo escuchó que Cittadini sufrió torturas y simulacros de fusilamiento hasta la madrugada. Horas después de su detención, fueron secuestrados los compañeros de estudio y militancia con los que vivía en La Plata. El vínculo entre los aparatos de Inteligencia de las policías Federal y Bonaerense estaba bien aceitado.
 
“Camino Gallo salió liberado al día siguiente, se contactó con la dirección que le había dado mi hermano. Mi familia fue a la comisaría 28, pero negaron todo”, cuenta Eduardo Cittadini, quien tenía cinco años cuando desapareció Ricardo. La búsqueda de su familia llegó al Centro de Estudios Legales y Sociales y quedó en manos de Llonto. Corría 1984 cuando empezaron a acumular pruebas: a partir del libro de detenciones de la 28 se supo que el ingreso de Camino Gallo había sido registrado, pero el de Cittadini no. Así se conoció el nombre de quien realizó la detención en Plaza España: Nicomedes Mercado.
 
El 30 de octubre pasado, Mercado fue detenido. Se lo indagó al día siguiente, pero no quiso hablar. Igual que Viollaz, el ex comisario de la 28. “Le están haciendo exámenes médicos, porque en su defensa argumentó que no está en condiciones de ir a juicio”, explica Llonto. Si los estudios determinan que sí puede ser juzgado, el juez Rafecas deberá determinar si dicta o no su procesamiento. Mientras aguardan la definición de su situación procesal, Llonto y la familia Cittadini siguen recabando información sobre la 28. Rastreando testimonios conocieron el caso de Alicia Elena Carriquiriborde, secuestrada en el centro clandestino de detención El Vesubio y trasladada a la comisaría 28, donde estuvo encapuchada y permaneció unos 20 días (entre julio y agosto de 1976) antes de ser legalizada y liberada.
 
También hay un registro del paso de Oscar Alfredo Zalazar por esta seccional. El albañil vivía en la Villa 21 e integraba la Comisión Vecinal. El 29 de abril de 1976 fue secuestrado junto a su compañera –María Ester Peralta, embarazada- y dos militantes paraguayos. Según una carta presentada por su hermana Gladys en 1984 (que forma parte del acervo documental del Centro de Estudios Legales y Sociales), Zalazar fue detenido por oficiales de la comisaría 28 y alojado allí, antes de ser trasladado a la seccional 11 y asesinado: su cuerpo apareció acribillado en Parque Centenario.
 
De la 30 a la ESMA
Carlos Loza, Rodolfo Picheni y Oscar Repossi eran trabajadores del puerto y militantes. El 16 de diciembre de 1976 se reunieron en el local del Partido Comunista de Barracas, sobre la calle Herrera. Allí estaba también Héctor Guelfi, un cuadro del PC. El local funcionaba en la habitación de una casa vieja, con un pasillo largo. Alrededor de las cinco de la tarde los sorprendió una patota de civil, que llegó junto a patrulleros de la comisaría 30. Después de varias horas de allanamiento y maltratos, fueron llevaros a la seccional.
 
“Nos dejaron en el patio, sin poder darnos vuelta, contra la pared. Les dije a los demás que dijéramos que sólo estábamos ahí haciendo limpieza. Escucharon y me dieron un culatazo”, recuerda Loza. Los cuatro militantes ingresaron a la 30 con los ojos descubiertos: por eso nunca tuvieron dudas de que habían estado allí. “En la comisaría nos sacan los documentos y el reloj y la plata que teníamos”, comenta el sobreviviente, y aclara que su ingreso en la seccional nunca fue registrado.
 
Entre la una y las dos de la mañana, los compañeros ilegalmente detenidos percibieron una discusión entre el comisario y uno de los miembros de la patota que los había secuestrado: entendieron que el comisario no quería entregarlos, preocupado porque lo habían reconocido. “Nos pusieron en una ambulancia, esas que tienen puertas atrás, de las viejas. Apilados unos sobre otros, atados con un cordón de plástico. Con capucha”, describe Loza. Así fueron llevados a la Escuela de Mecánica de la Armada. Al llegar les cambiaron el cordón por esposas y les colocaron grilletes en los pies. Los cuatro estuvieron 21 días desaparecidos; fueron liberados el 6 de enero de 1977.
 
Loza testimonia en juicios a los represores desde los ‘80. Este año volvió a declarar en el marco de la mega causa ESMA, que lleva adelante el juez Sergio Torres, donde se juzgan los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención más emblemático del país. Pero el rol inicial de la comisaría 30 queda relegado a un segundo plano. Loza insiste en la importancia de que se investigue el desempeño de las comisarías “porque forman parte de la estructura de la represión. Fue un plan nacional donde quedan subordinadas todas las fuerzas al Ejército”.
 
La 26 como centro clandestino
Almirante Brown y Olavarría, 16 de marzo de 1976. Oscar Daniel Berroeta tenía 22 años y fue detenido por policías de la comisaría 26. Continúa desaparecido. Wenceslao Villafañe e Isabel La Católica, octubre de 1976. Una joven fue secuestrada y llevada a esa seccional, donde permaneció 13 días. Declaró haber sido interrogada allí por Carlos Antonio Españadero, del Servicio de Inteligencia del Ejército. El dato fue confirmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El 17 de diciembre de 1982, en un taller mecánico de Ciudadela, una patota secuestró a Horacio Daniel Collado, militante peronista. A sus compañeros de trabajo les llamó la atención que las personas armadas dijeran ser policías pero vistieran de civil y se movilizaran en un Ford Falcon amarillo con la patente tapada. La familia de Collado recurrió al CELS y él fue localizado en la comisaría 26. Allí argumentaron haberlo detenido por su presunta vinculación con un crimen. Sin embargo, el CELS informó en un comunicado que por las características del procedimiento parecía tratarse de “un acto clandestino” y que Collado “ha sido maltratado”. 
La noticia aparecía por esos días en el diario La Prensa. Al año siguiente, el mismo periódico publicaba una nómina de 106 cadáveres en cuya autopsia o inhumación había intervenido la Morgue Judicial, investigada por irregularidades. En ese largo listado figuraba Juan Alberto Cardozo. Su expediente -2635- indicaba que había pasado por el Consejo de Guerra Especial Estable Nº 1, por “atentado y resistencia a la autoridad-homicidio”. Se señalaba que su cuerpo había sido remitido a la morgue desde la comisaría 26. Por todo esto y lo que seguramente resta por saber, la seccional de Montes de Oca 861 aparece como una marca en los mapas de sitios que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la dictadura.
 
De la 24 a Coordinación Federal
María del Socorro Alonso y Guillermo Oscar Segalli militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores. El 11 de agosto de 1976 estaban haciendo una pintada en la calle Lamadrid. Pedían por la libertad de los presos políticos y la aparición de los desaparecidos. A eso de las cuatro de la madrugada, fueron detenidos por agentes de Prefectura. “A nosotros nos fueron a buscar ahí. Nos detiene Prefectura y llama se ve a la 24 y viene el patrullero”, hace memoria Alonso.
 
Los llevaron a la comisaría 24, donde fueron registrados y les quitaron sus pertenencias. “Llegamos sin vendas (en los ojos), llenamos la boletita. Hasta ahí, todo legal –recuerda ella- Yo entré caminando, a mi compañero lo obligaron a arrastrarse”. A Alonso la dejaron en una celda, desde donde oyó que golpeaban a Segalli. “Ahí golpearon a mi compañero, después a mí. No vi quiénes eran, me tiran contra la pared, me dicen ‘date vuelta’. Estábamos en celdas separadas”, relata.
 
Más tarde, Alonso y Segalli fueron trasladados a la Superintendencia de Seguridad Federal o Coordinación Federal. “Era una carnicería, gritos, aullidos, personas tiradas como fardos”, declaró ella en 2008 ante el Tribunal Oral Federal Nº 5, en el juicio por la Masacre de Fátima. Cuando fue secuestrada, Alonso estaba embarazada de tres meses. Perdió a su bebé a raíz de las torturas. La liberaron en enero de 1978.
 
Segalli, en cambio, fue llevado al Departamento de Policía después de estar algunos días en Coordinación. Fue pasado a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y encarcelado en Devoto primero y en La Plata después. El 26 de enero de 1978 se publicó en los diarios el listado de varios detenidos que serían liberados, entre ellos Segalli. Su familia lo visitó por última vez en el penal el primero de febrero. Dos días más tarde, Segalli fue sacado de la cárcel con destino incierto. El periplo que había comenzado en la comisaría 24 de La Boca concluyó con su desaparición.
 
El abogado Pablo Llonto también lleva este caso. “Está como el caso Cittadini. Depende de la voluntad de Rafecas. Ahora nos ilusionamos porque detuvo a Viollaz (…) Este año el más importante avance sobre comisarías fue: dos detenidos y dos inspecciones oculares (en otros barrios). Por ahí el año que viene nos toca ir a la 24 con Alonso, habrá que ver Loza con la 30. Y decenas de otros casos que hay”.
 

Además de poner las herramientas del Derecho al servicio de las víctimas de la dictadura, Llonto es vecino del barrio. En su casa de Barracas, desempolva la carpeta con toda la información recabada sobre la desaparición de Ricardo Cittadini, su primer caso. “En el barrio se sabe muy poco. Este caso lo hablo con varios vecinos. A los que les he contado dicen ‘uh’, pero no está la sensación de que en la 28 puede haber pasado algo. Tal vez con la señalización o la difusión de este caso empiece a aparecer algún vecino que diga algo”. 

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