Contaminados

Un estudio realizado por profesionales del Argerich determinó que el 25 por ciento de los chicos de Rodrigo Bueno tiene plomo en su sangre. Mientras el fantasma del desalojo sigue rondando el barrio, los vecinos tienen prohibido ingresar materiales para construir, lo que permititía mejorar las condiciones habitacionales. Por Carla Perelló

Contaminados

Los integrantes del Área Programática de Salud del Hospital Argerich llegaron al barrio Rodrigo Bueno en 2009. Los profesionales se escurrieron por los pasillos, golpearon puertas, tomaron muestras de sangre y realizaron un seguimiento de cien niños y niñas de entre 2 y 10 años. En la muestra probabilística 25 de ellos “presentaron valores iguales o mayores a 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre (5 ug/dl) y ninguno presentó valor cero”. Lejos de quedarse de brazos cruzados, decidieron invitar a diversos actores del barrio a participar de una mesa de trabajo que colabore a solucionar la problemática que, según presumen, se repite en cada habitante del lugar.
 
En su relevamiento los profesionales detectaron “niños con antecedentes de trastornos madurativos: 10 con déficit atencional, 9 con hiperactividad, 4 niños con alteraciones del lenguaje, 3 con trastornos de conducta agresiva, 1 con déficit de cálculo”. Esos resultados se corresponden con que “una exposición al plomo sostenida en el tiempo resulta en deficiencias neuromotoras, pérdida irreversible de la inteligencia, problemas de conducta y bajo rendimiento escolar”. En el estudio esos daños se denominan “daño cerebral silencioso”, ya que pueden ser asintomáticos.
 
Además, el estudio señala que “la desnutrición y la anemia son factores agravantes, ya que el plomo sustituye al calcio y al hierro en los huesos y en la sangre” y que, como si fuera poco, en los niños “el riesgo se potencia dado que absorben entre el 40 y 50 por ciento del plomo ingerido”.
 
Márgenes
El barrio Rodrigo Bueno está ubicado en Costanera Sur, a la vera del Río de la Plata y entre la Reserva Ecológica y los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors. Habitan unas 4 mil personas. Los vecinos solicitaron la intervención de los profesionales del Argerich tras una denuncia realizada en la Defensoría del Pueblo porteña que advertía sobre la vulnerabilidad ambiental del lugar. A las condiciones precarias de vivienda se sumaba un cementerio de autos de la Policía Federal que fue erradicado hace poco, pero sin sanear el suelo como la Defensoría lo había solicitado en 2009 en su resolución 720.
 
Los especialistas del área insisten en la creación de una mesa de trabajo para determinar específicamente de dónde proviene la contaminación. Los residuos que dejó el cementerio de autos podría ser uno de los principales focos ya que la tierra viaja como polvo por el aire y la contaminación se esparce.
 
Los análisis fueron realizados con la intención de lograr un seguimiento sobre los niños, por eso, se hicieron en 2009 y se repitieron en 2012 y 2013.
 
“Creemos que hay que generar mejores condiciones de vida creando una mesa territorial donde delinear diversas formas de abordaje”, contó Martín Stella, integrante del equipo. Los profesionales, con Teresa Batallán a la cabeza, tomaron esa premisa como mandato: convocaron a diversas áreas de los gobiernos porteño y nacional, a la Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar), a organizaciones sociales, barriales y políticas, entre otros actores, para darle una solución “que se pueda llevar a la práctica”, dice Batallán.
 
La presentación del informe “La intoxicación con plomo como emergente de la problemática social. Nuevos criterios de seguimiento de niños con plomo en sangre y recomendaciones para la implementación de acciones interministeriales de reparación territorial”, fue en el aula magna del hospital de La Boca y Sur Capitalino estuvo presente. Al encuentro también asistieron representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y de la Asesoría Tutelar. En cambio, los que brillaron por su ausencia fueron los funcionarios del Ministerio de Salud porteño, los legisladores de la Comisión de Salud y los miembros de Acumar.
 
Justamente uno de los puntos que surgió en la presentación fue la intervención de Acumar en el barrio. “Los límites están específicamente señalados por la justicia y nosotros somos un organismo judicializado, por lo que no podemos decidir sobre dónde actuar. Además, la Rodrigo Bueno pertenece a la Cuenca del Río de La Plata no a la Riachuelo Matanza, por lo tanto es el Ministerio de Ambiente de la Ciudad quien debe intervenir”, indicaron a Sur Capitalino desde el organismo.
 
“¿Cómo eliminar la fuente contaminante?”, fue el disparador que abrió el micrófono a los aportes. La solución parece sencilla: prevención en clave de educación ambiental, monitoreo de rutina de plomo en sangre y disminución los efectos contaminantes: “Pero hasta el momento las autoridades (locales como nacionales) no han realizado acciones concretas” como la remediación del suelo solicitada a la Agencia de Protección Ambiental porteña.
 
La representante de ése área del Gobierno de la Ciudad, que poco sabía sobre la situación, respondió cabizbaja y voz temblorosa: “En el 2009 no había un área específica para realizarlo, se creó hace poco. Se puede transmitir la inquietud”. Edgardo Palacios, médico, propuso realizar y entregar un informe a la Auditoría General de la Ciudad, a la Legislatura y al Ejecutivo.
 
Urbanización
“Hay mucho temor de que los resultados se usen en contra de los vecinos. Tienen miedo de que sea una excusa para desalojarlos”, contó Estela, habitante del barrio, para explicar por qué algunos padres se negaron a continuar el tratamiento de sus hijos. “¿Cómo hacer para resguardar el techo y continuar con el seguimiento médico?”, fue la inquietud que surgió inmediatamente.
 
Es que el lugar donde está asentada la Rodrigo Bueno es un territorio en disputa: la empresa constructora Irsa compró el lugar en 2005 para realizar el megaemprendimiento inmobiliario Solares de Santa María. Juicio de por medio el Gobierno porteño intentó un desalojo ilegal pero en 2011 la jueza Elena Liberatori ordenó la urbanización. La gestión PRO apeló ese fallo y sostuvo que el lugar no está dentro de los planes de barrios a urbanizar. Pero para lo que sí considera esas tierras es para el desarrollo del proyecto de Irsa, que el propio Mauricio Macri presentó en mayo de 2010 ante la Legislatura para que autorizara la construcción del barrio privado. Por ahora, la iniciativa no prosperó.
 
Mientras la Justicia determina si se trata de un asentamiento o de un barrio –cuestión que salda la discusión para definir si se puede desalojar o no--, niños, niñas, adolescentes, embarazadas, mujeres y hombres viven en “un ambiente vulnerable (…) expuestas a diferentes tóxicos a través del aire, suelos, aguas y sedimentos contaminados”.
 
En la causa judicial “están demandados el Instituto de la Vivienda y la Unidad de Gestión de Intervención Social (y demás dependencias que deben dar una respuesta habitacional) dado que no permiten ingresar materiales de construcción al barrio, eso prohíbe mejorar las condiciones de una casa y pone trabas para exigir el saneamiento del agua y la limpieza del suelo”, explicó Magdalena Salas, de la Asesoría Tutelar porteña.
 
“Tenemos que ser una piedra en el zapato, exigir constantemente”, lanzó Soledad Ceijas, integrante del Cesac 15. La mayoría de las propuestas apuntaron a la necesidad de incorporar a la mesa de trabajo a organizaciones sociales que trabajen dentro del barrio, a los ministerios de Salud, Educación y Ambiente porteños.
 
“Y sentaría en la mesa a los responsables de vivienda”, lanzó Gabriel Batistella, director del Cesac 41, de La Boca: “El plomo en sangre también aparece en los chicos del barrio y las condiciones de hábitat son diferentes a las de Rodrigo Bueno. No es gratis decirle a una madre que su hijo tiene ese problema”.