El pasado 12 de enero el juzgado de feria Nro. 3 del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA intimó al Gobierno de la Ciudad para que en el término de 3 (tres) días corridos provea de agua potable a la población que reside en el Barrio “La Esperanza”.

El asentamiento La Esperanza, ubicado lindante a la Autopista Presidente Cámpora y la Avenida Riestra, en Villa Soldati, se conformó en el año 2009 como consecuencia del incendio de una manzana del Barrio Piletones.  Desde aquella fecha sus habitantes no reciben asistencia alguna por parte del Gobierno de la Ciudad.

“Habitamos allí aproximadamente 500 personas, de las cuales cerca de 200 son menores de edad. Estas cifras provienen de un censo que hemos elaborado los propios vecinos, ya que el GCBA siempre se negó a realizar el relevamiento poblacional. Los organismos responsables continuamente argumentan que nuestro barrio no está reconocido institucionalmente, para evadir sus responsabilidades y obligaciones.”, informaron los delegados del barrio.

“Sufrimos graves condiciones de habitabilidad. Las instalaciones de luz son precarias y provocan cortes constantes, actualmente no contamos con ningún tipo de recolección de residuos ni un lugar específico donde volcar los desechos domésticos, muchos pasillos y calles continúan siendo de tierra agravando las inundaciones los días de lluvia e imposibilitando la circulación y acceso, y lo que es más grave de todo: desde hace meses prácticamente no tenemos agua”, señalaron.

Ante esta situación y la falta de respuesta del gobierno de Macri, los delegados del barrio iniciaron un reclamo judicial con el acompañamiento de la Corriente Política 17 de Agosto. Ese reclamo tuvo eco el pasado 12 de enero cuando el juez de feria Dr. Darío Reynoso, a cargo del Juzgado en lo contencioso administrativo nro. 3, ordenó al Ejecutivo porteño garantizar, mediante la colocación de camiones cisterna suficientes, el suministro de agua potable en el barrio.

“En otra presentación judicial, los vecinos solicitamos al Sr. Juez que ordene también al Poder Ejecutivo local a garantizar la recolección de residuos. Este servicio sólo se realizó excepcionalmente entre los meses de octubre y diciembre del año 2014, a través de un servicio de recolección domiciliaria a cargo de la Gerencia Operativa de Zonas Vulnerables del Ministerio de Ambiente y Espacio Público (Mayep), que fue suspendido en diciembre, sin haberse reestablecido hasta la fecha. El barrio nunca contó con provisión de container ni servicio de camión recolector, lo cual configura una grave situación ambiental y sanitaria”, denunciaron los delegados vecinales.

Y sostuvieron que: “seguirán luchando contra el abandono y por un barrio digno y habitable. La reciente resolución judicial es un logro de nuestra pelea y una respuesta a las cínicas instituciones que quieren ser ciegas a nuestra existencia y a nuestras necesidades”.