Denuncian la reprivatización del espacio público en la Costanera Norte

El Observatorio del Derecho a la Ciudad pedirá explicaciones al Ejecutivo por irregularidades en la conseción de ocho espacios sobre Costanera Norte que, según la normativa vigente, deberían destinarse como espacios verdes.

Denuncian la reprivatización del espacio público en la Costanera Norte
La reprivatización de la Costanera por parte del Ejecutivo porteño generó rechazo de diferentes sectores. El legislador por el Frente Progresista y Popular, Fernando Muñoz, repudió esa medida y la “privatización” de otros parques capitalinos y aseguró que el gobierno de Mauricio Macri muestra “un desprecio absoluto por lo público” y “hace negocios con los terrenos de la ciudad”.
 
“Estamos hablando de terrenos que deben ser destinados a espacios verdes y de uso público y gratuito, lo que hace el Gobierno de la Ciudad es de un desprecio absoluto por lo público y demuestra que se hacen negocios con los terrenos porteños”, afirmó Muñoz en diálogo con Télam.
 
Por su parte, el Observatorio del Derecho a la Ciudad aseguró que soliticará explicaciones al Ejecutivo porteño y, de no mediar respuestas, sus miembros iniciarían acciones judiciales.
 
“Hay ocho espacios sobre Costanera Norte que el Gobierno de la Ciudad lanzó una licitación para su concesión, cuando en realidad se tratan de espacios contemplados dentro de la Ordenanza 46.229, que los establecía como destinados a espacio verde (Distritos Urbanización Parque)”, señaló Jonatan Baldiviezo, miembro del Observatorio. 
 
“Se trata de boliches, restaurantes, estacionamientos y otro tipo de comercios que venían funcionando en forma irregular desde hace años y, con esta posibilidad que les da el Gobierno porteño, se pondrán ‘en regla’, aún contradiciendo las leyes vigentes”, agregó.
 
En 1993 en Buenos Aires el entonces Concejo Deliberante (hoy Legislatura porteña) reconoció la problemática de la pérdida de espacios verdes y su importancia para el uso de la sociedad, y sancionó la ordenanza 46.229.  “De esta forma, se garantizaba jurídicamente que estos espacios no fueran privatizados por el Ejecutivo y se cumpla con el destino establecido en el Código de Planeamiento; pero, a la vez, se prohibió también el cambio del destino de los espacios destinados a espacios verdes públicos”, describió Baldiviezo.
 

Fuente Télam