Allanamiento violento

Con el objetivo de detener una persona, miembros de la Policía Federal irrumpieron en un conventillo de La Boca donde, de manera “violenta e ilegal”, requisaron viviendas fuera de la orden judicial, precintando a menores y a un adolescente discapacitado. La Procuvin hizo la denuncia, que recayó en el Juzgado Nacional de Instrucción 24. Por Martina Noailles 

Allanamiento violento

“Eran las 6.40 de la mañana y me desperté entre gritos y golpes. Antes de llegar a mi puerta un policía la abre de una patada y me apunta al pecho con un arma. No podía verle la cara porque una luz roja que venía de su casco me obnubilaba”. Mariela relata la escena y si no fuera por sus gestos, cualquiera creería que está contando una película. O una pesadilla. “Mientras me tiene apuntada, otros entran al fondo de mi casa y quieren levantar a mi nene que es discapacitado. Él no entiende lo que pasa, se asusta y llora. Yo les explico que tiene microcefalia, que debe tomar su medicamento. Lo golpean y le atan las manos con un precinto. Les explico que es inofensivo, que puede convulsionar…”, sigue y la consternación se apodera de su cuerpo. Mariela tiene miedo. Su verdadero nombre es otro pero sólo anónima accede a contar lo vivido semanas atrás en el conventillo donde vive. Allí irrumpieron agentes de la División Homicidios y del Grupo G-1 de la Policía Federal en busca de una persona. Y aunque la orden judicial no lo indicaba, entraron con violencia a las viviendas de 14 familias que nada tenían que ver. En pocos minutos, niños y mujeres fueron obligados a tirarse en el piso de sus habitaciones y del patio común como si se tratara de una banda de asesinos seriales. En ningún momento se resistieron. Los policías prometieron volver.

El allanamiento “violento e ilegal” ya fue denunciado ante la Justicia por el fiscal ad hoc de la  Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) José Nebbia. La denuncia penal contra agentes de ambos grupos de la Federal es por su “presunta responsabilidad en un ilegítimo y violento procedimiento llevado a cabo en La Boca, con el objetivo de lograr la detención de un hombre, ordenada por el juez Pablo Raúl Ormaechea, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°18”.
 
“En ese contexto, los policías –pese a tener conocimiento previo de que el edificio contenía al menos 14 unidades funcionales autónomas- ingresaron y requisaron las distintas viviendas familiares, procediendo de manera violenta e ilegal en cada una de ellas, a pesar de que ni siquiera se encontraban abarcadas o contenidas en la orden judicial”, señala la presentación de la Procuvin que pidió apartar a la Policía Federal de la investigación.
 
El operativo, que no logró detener a quien buscaban porque ni siquiera estaba, duró cerca de dos horas durante las cuales hombres, mujeres, niños y ancianos permanecieron inmovilizados y, en su mayoría, con precintos en sus muñecas. Según los testimonios reunidos por Procuvin, las víctimas indicaron que les negaron la orden de allanamiento y que recién pudieron acceder a la misma cuando uno de los policías dejó olvidada una copia en una de las viviendas. La orden del juez nada decía sobre el ingreso a todas las viviendas del edificio. Cada unidad funcional que es parte del conventillo está claramente señalizada, a tal punto que los servicios llegan de manera individual. Las actas labradas durante el allanamiento también lo reconocieron. Cada jefe de familia firmó papeles donde, escrito a mano por un policía, figuraba el número del departamento al que pertenecían. Por eso, no existe justificación para la irrupción violenta casa por casa.
 
“Prometieron volver con perros hasta lograr detener a esta persona. Yo sólo quiero decirle al juez que tenga en cuenta que acá hay niños y un chico discapacitado. Que por favor no vuelvan a hacerlo”, ruega Mariela aún preocupada por las consecuencias que dejó el allanamiento en su nene discapacitado: “Esa noche no durmió en toda la noche y esto lo sigue afectando hasta ahora. Tuvo que empezar a tomar otra medicación por el miedo. Es un nene muy sensible”. Además de los efectos emocionales, el adolescente sufrió algunos golpes y debió ser atendido en un hospital de la zona.
 
Ni Mariela ni ninguno de los que vivieron la violencia inexplicable de los de uniforme podrán olvidar fácilmente ese día. “Trabajo desde los 11 años. Nunca viví algo así. Ni al peor asesino deben apuntar como me apuntaron a mi”.