Peligra la ley de Salud Mental

La Red Nacional de Salud Mental Comunitaria y de Derechos Humanos se presentó ante el ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, para “impugnar y pedir la anulación” de la resolución 1003/2016, que en los hechos significa un retorno “al antiguo sistema manicomial”, dado que se dejaría sin efecto la normativa que regulaba la aplicación efectiva de Ley Nacional de Salud Mental. 

 
Peligra la ley de Salud Mental

Integrantes de la Red, que nuclea a más de 40 organizaciones en todo el país,  sostuvieron que la medida constituye una violación flagrante a la Ley Nacional de Salud Mental,aprobada en 2010.  A través de la resolución 1003, publicada el 19 de julio en el Boletín Oficial, se  deja sin efecto la 1484, de septiembre de 2015, que propiciaba “asegurar el derecho a la protección de la Salud Mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos” establecido por la Ley de Salud Mental 26.657, que en lo esencial dispone “la prohibición de creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados”.

En el caso de las instituciones  ya existentes, la resolución 1484 recordaba que debían adaptarse a los “objetivos y principios” de la Ley de Salud Mental nacional “hasta su sustitución definitiva”.

A la derogación de esta resolución, se suma la creación de una Comisión ad hoc que tendrá a su cargo “la elaboración de normas de habilitación de los establecimientos de Salud Mental y Adicciones”. La facultad para convocar a los integrantes de esa comisión fue delegada en el director nacional de Salud Mental, Andrew Santiago Blake, declarado y ferviente opositor a la Ley Nacional de Salud Mental y a la Ley 448 vigente en la Ciudad de Buenos Aires y denunciado por haber agredido físicamente a  la presidenta de la Asociación de Profesionales del Ameghino, Liliana Hilario.
 
El espíritu de la Ley de Salud Mental reglamentada en 2013 apuntaba un cambio de paradigma en la atenciòn a pacientes con padecimientos mentales desde una perspectiva de de derechos humanos y salud integral que limita la internación de personas contra su voluntad y apunta a reemplazar los hospitales neuropsiquiátricos por la atención comunitaria. 
 
Fuente: Página 12