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viernes 16, diciembre de 2016

Justificar la violencia policial

El juez Jorge De Santo argumentó que apuntar a la cabeza y precintar a un niño discapacitado fueron acciones "necesarias" durante un allanamiento de la Policía Federal en un conventillo de La Boca. El operativo buscaba a un hombre pero irrumpió en otras 14 viviendas sin orden judicial. La Procuvin había presentado una denuncia penal. Por Martina Noailles  

Justificar la violencia policial

 “Eran las 6.40 de la mañana y me desperté entre gritos y golpes. Antes de llegar a mi puerta un policía la abre de una patada y me apunta al pecho con un arma. No podía verle la cara porque una luz roja que venía de su casco me obnubilaba. Mientras me tiene apuntada, otros entran al fondo de mi casa y quieren levantar a mi nene que es discapacitado. Él no entiende lo que pasa, se asusta y llora. Yo les explico que tiene microcefalia, que debe tomar su medicamento. Lo golpean y le atan las manos con un precinto. Les explico que es inofensivo, que puede convulsionar…”. Mariela tiene miedo. Su verdadero nombre es otro pero sólo anónima accede a contar lo vivido en el conventillo donde vive. Allí irrumpieron agentes de la División Homicidios y del Grupo G-1 de la Policía Federal en busca de una persona. Y aunque la orden judicial no lo indicaba, entraron con violencia a las viviendas de 14 familias que nada tenían que ver. En pocos minutos, niños y mujeres fueron obligados a tirarse en el piso de sus habitaciones y del patio común como si se tratara de una banda de asesinos seriales. En ningún momento se resistieron. Los policías prometieron volver.

Así comenzaba la nota publicada en la edición de Sur Capitalino de mayo pasado bajo el título “Allanamiento violento”. El relato daba cuenta de la situación vivida en un conventillo de La Boca, que derivó en una denuncia penal por parte del fiscal ad hoc de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), José Nebbia. La presentación realizada hace 6 meses ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción 24, a cargo de Jorge De Santo, denunciaba “allanamiento violento e ilegal” por parte de miembros de la Federal. A fin de octubre, el juez De Santo se declaró incompetente al considerar que entrar en 14 viviendas, precintar al menos a seis personas, entre ellos un menor y un discapacitado, y apuntar a familias enteras buscando a una persona que, sabían, vivía en otra puerta, es normal en este tipo de procedimientos.

Concretamente, el juez indicó que: “En cuanto a la circunstancia de que alguno de los habitantes del inmueble hubieran sido precintados, cabe decir que, en el marco de un procedimiento con la complejidad como el allanamiento en cuestión (en el que participó incluso el grupo especial G-1, y se autorizó su realización en horas nocturnas para facilitar el éxito de la medida) difícilmente pueda considerarse que tal suceso constituiría una privación ilegal de la libertad o una detención ilegal, toda vez que ello se vincula con la necesidad de asegurar el procedimiento dada la numerosa cantidad de habitantes del inmueble”.
 
El operativo ocurrido en marzo, era consecuencia de una orden del juez Pablo Ormaechea de detener a un hombre de un departamento determinado. Y aunque cada unidad funcional que es parte del conventillo está claramente señalizada los policías irrumpieron violentamente a todas y cada una de las viviendas. Los efectivos no lograron detener a quien buscaban porque ni siquiera estaba.
 
Tras la resolución del juez De Santo, la Procuvin apeló ante la Cámara del Crimen, donde planteó que “la complejidad a la que alude (el magistrado) se vincula de modo directo con el procedimiento irracional y abusivo desplegado por los agentes policiales (…) Fue la propia fuerza denunciada la que al tomar la decisión arbitraria de continuar con el registro da las catorce viviendas sin estar habilitado para ello, generó por sí misma la complejidad con la que ahora se pretende desligar de responsabilidad a los imputados por las consecuentes privaciones de la libertad ocurridas en el marco de las ilegítimas violaciones a los domicilios”.
 
Pero el fiscal general de la Cámara del Crimen es Ricardo Sáenz. Enemigo público de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, Sáenz jugó su guerra íntima y planteó la nulidad de la apelación argumentando que el titular de la Procuvin es un fiscal ad hoc. Es decir, nombrado al frente de una Procuraduría para llevar a cabo una política específica por parte de la PGN. Dejando de lado la situación de las 14 familias víctimas de violencia institucional, Sáenz puso en el medio su pelea personal con Gils Carbó.
 
La consecuencia de esta decisión es que la causa quedó radicada ahora en un Juzgado Correccional que sólo investigará “si se excedieron los límites de la orden de allanamiento al haber ingresado a otras viviendas” y ya no la violencia desplegada por los policías. Una vez más, la Justicia vulnerando el derecho de las víctimas de acceder a un proceso justo.  
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