Bancarizados
La mayoría de los adjudicatarios de los complejos del IVC, en Casa Amarilla, accedieron a una vivienda a través de créditos hipotecarios que gestiona el Banco Ciudad, con requisitos que dejan afuera a la población más vulnerable. Por ejemplo, tener que pagar un adelanto de entre 150 y 200 mil pesos. En el barrio con mayor crisis habitacional, un programa social del que no quedó ni el nombre. Por Martina Noailles
“Para ser adjudicatario de un departamento en Casa Amarilla hay que pagar un adelanto de 150 mil pesos. Si usted no responde en 72 horas, se dará de baja la tramitación por falta de interés”. El ultimátum llega de boca de una empleada del Instituto de la Vivienda (IVC). De este lado del mostrador, una familia sueña con el techo propio. Para alcanzarlo se anotó hace 11 años en el programa social “Viví en tu casa”, a través del cual se construyeron los complejos en La Boca. La familia, que vive en el barrio desde hace décadas, fue preadjudicada. Sin embargo, los requisitos actuales para ingresar a una vivienda en Casa Amarilla hacen imposible lograr la adjudicación. El crédito ya no es social sino un mero préstamo hipotecario como el que cualquiera puede intentar obtener en un banco. De esa forma ingresaron la mayoría de las familias que actualmente viven en los tres edificios que levantó el IVC: Primera Casa BA y Vivienda Porteña II fueron las herramientas de crédito que ofreció el Banco Ciudad a los actuales moradores. Los originarios preadjudicatarios, claro, se quedaron afuera.
Según el listado al que pudo acceder Sur Capitalino, dos tercios de los beneficiados con un departamento en Casa Amarilla nunca se inscribieron en el programa “Viví en tu casa”, allá por el 2005. Tampoco están en las listas que la Asociación Casa Amarilla presentó ante la Justicia como futuros adjudicatarios. Son familias que tuvieron que cumplir con los requisitos de un crédito hipotecario que financia hasta el 85% de una vivienda con una tasa fija de interés del 19% -en el caso de Primera Casa BA- o hasta un 75% con tasa fija del 18% (pero sólo el primer año, y luego variable) si de Vivienda Porteña se trata. Es decir que, para acceder al crédito, debieron tener en la mano entre 150 mil y 200 mil pesos. Y, además, tuvieron que tener un trabajo en blanco, con salarios que sumen en la familia más de 20 mil pesos, para que la cuota mensual no supere el 40% de los ingresos.
Bien lejos de ser accesible para un barrio popular donde miles de vecinos se hacinan en piezas de conventillos, en el marco de una gravísima crisis habitacional que no logra respuesta de parte de las políticas públicas. Misión imposible para un barrio que soporta los negocios inmobiliarios alentados por el Estado y que, según un relevamiento del Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca Resiste y Propone, el año pasado vio irse expulsadas a más de mil personas y que sólo entre febrero y marzo sufrirá 16 desalojos.
Pasado y presente
En ese contexto, es inevitable recordar que sobre los terrenos de Casa Amarilla iban a construirse 1231 viviendas y que, finalmente, sólo se levantaron 438. El resto de las tierras (3 hectáreas) actualmente está en manos del club Boca Jrs., que las compró a través de una licitación hecha a su medida y sin pasar por la Legislatura, como lo establece la Constitución porteña.
Además, no hay que olvidar que el mecanismo que el macrismo decidió dar a la adjudicación del complejo de viviendas fue, como mínimo, poco transparente y le permitió a una asociación civil armar listas a discreción.
También hay que traer a la memoria que fue la denuncia pública la que obligó al IVC a poner la lupa sobre ese listado que, según denunció Sur Capitalino en 2013, incluía serias irregularidades y pocos vecinos de La Boca.
Pero en lugar de hacer borrón y cuenta nueva, y echar mano a los miles de boquenses que se habían anotado allá por 2005, el IVC decidió otorgar las viviendas a través de otros programas, cuyos créditos son otorgados por el Banco Ciudad y no de manera directa por el organismo.
Así se desprende del Acta de Directorio 3964 del 23 de noviembre de 2016, a la que tuvo acceso Sur Capitalino, que sostiene que “habiéndose culminado con la adjudicación de la totalidad de los grupos familiares denominados pre adjudicatarios del Plan Casa Amarilla, resta aún proceder a la adjudicación de las viviendas que se encuentran disponibles (…) Que en mérito de tal hecho, surge la imperiosa necesidad de adjudicarlas en su totalidad dado el peligro de intrusión que ocasiona la existencia de viviendas a estrenar vacías”. Por ello, continúa el directorio del IVC, es que se evalúa detectar posibles beneficiarios a través de programas similares. Así es que resuelven aprobar la “Operatoria para la Adjudicación del remanente de viviendas” (poco más de 100) a partir de una lista de requisitos previstos por el Banco Ciudad.
Pero la misma resolución, también establece que los beneficiarios acrediten su condición de socio de la Asociación Civil Casa Amarilla, lo cual se vuelve difícil de comprender teniendo en cuenta que el IVC mismo informa que estaban agotados los grupos familiares “pre adjudicatarios”. Es decir, los que la Asociación había propuesto ante la Justicia. Justamente por este motivo es que, dicen, deben buscar “posibles beneficiarios” a través de “programas similares”. En un barrio donde la vivienda es lo urgente, el IVC aparece desesperado por encontrar familias que les resuelvan el riesgo de una “toma”. Pero, claro, esas familias deben poder pagar 150 mil pesos de la noche a la mañana y sumar ingresos en blanco mensuales con salarios que superan el promedio de este barrio.
La decisión del directorio llega, entonces, en un momento en el que de las 438 viviendas que contiene el complejo Casa Amarilla, se habían entregado 324: 189 en Brown al 600, 94 en Brown al 500 y 41 en el edificio de Pi y Margal. Y cuando del total de los beneficiarios, sólo un poco más de un tercio (129) figuraban en la lista que había armado la Asociación Casa Amarilla en diciembre 2012, entre ellos la cúpula de la asociación. De esta manera, de aquel listado, 309 quedaron afuera por no cumplir con los requisitos exigidos.
Así fue que el IVC tuvo que avanzar con otros métodos para poder entregar las viviendas. Y no sólo utilizó los programas Vivienda Porteña II y Primera Casa BA. También entregaron departamentos bajo el Alquilar se Puede, donde el Banco Ciudad brinda un préstamo personal si la familia no lograr reunir el monto inicial para el alquiler, y una garantía bancaria que subsidia el IVC.
Ejemplo
Las adjudicaciones de las viviendas de Casa Amarilla, en La Boca, sirven de ejemplo del tipo de política llevada a cabo por el organismo que debe encargarse del problema habitacional de la población más postergada de la Ciudad de Buenos Aires. Un programa que nació como social -justamente para dar respuesta a los marginados del mercado inmobiliario y en un barrio donde la crisis de vivienda se profundiza año tras año- dio un giro en el aire y se convirtió en una más de las tantas propuestas crediticias para la clase media. Un sector de la sociedad que también necesita soluciones en una ciudad donde el 30% de su población no puede acceder a un techo propio y alquila; mientras el 20% de las viviendas están vacías. Pero el objetivo de que exista un organismo como el IVC, es que desde el Estado se promuevan viviendas destinadas a sectores de bajos ingresos. Para eso, el organismo cuenta con herramientas, como la Ley 341, que sí acercan la posibilidad del techo propio a los que más lo necesitan. A través de la construcción por cooperativas o con créditos individuales accesibles, cuotas mensuales acordes a esa realidad y tasas bajas, imposibles de pensar para una entidad bancaria.
Cercano a ello era el Programa Primera Casa cuando fue lanzado en 2012. Aquellos créditos, promocionados como “la tasa más baja del mercado”, estaban subsidiados por el Gobierno porteño y la tasa era del 7% el primer año, 8,5% el segundo, 11% el tercero, y 14% en los años restantes. Actualmente la tasa trepa al 19% desde el inicio.
Pero justamente ese tipo de programas son los que el IVC vacía de presupuesto, subejecuta o simplemente otorga en cuenta gotas, cuando la organización de los vecinos o una orden judicial los obliga. Tal vez el pedido de renuncia que, al cierre de esta edición, le hicieran a Gustavo Schneider, el gerente de créditos del organismo, sea el inicio de algún cambio.
La esperanza es poca. Porque, aunque en los últimos años los nombres de los presidentes del IVC fueron variando -Emilio Basavilbaso, Pablo Roviralta y ahora el joven Juan Ignacio Maquieyra-, la política pública del organismo no se modificó ni un centímetro. Y para los porteños más necesitados, la vivienda sigue siendo una utopía que cada vez parece más lejana.