Así fue la presentación del proyecto de ley para que se declare la emergencia habitacional de La Boca. Tanto en el panel como en el público, el barrio dijo presente en la Legislatura. Con sus habitantes, los que sufrieron, sufren o sufrirán uno de los tantos desalojos que vienen expulsando familias de La Boca; con sus trabajadoras y trabajadores, médicos, psicólogos, trabajadores sociales y maestros que acompañan a diario a quienes les son vulnerados sus derechos básicos. Y también con sus militantes, quienes intentan organizar las demandas y urgencias de los vecinos para construir un barrio más justo. Todos ellos colmaron el lugar porque fueron ellos quienes construyeron colectivamente el proyecto de ley, quienes lo debatieron en asamblea, quienes aportaron sus experiencias.   

 

Los que dijeron ausente fueron los dueños de casa: los legisladores elegidos por esos mismos vecinos, y quienes deberán (o deberían) hacerse eco del grito de los desoídos.

 

El 26 de abril pasado, el Grupo de Vivienda y Hábitat de la multisectorial La Boca Resiste y Propone presentó por mesa de entradas una iniciativa que busca poner un freno al proceso de especulación inmobiliaria y expulsión de habitantes que sufre el barrio. El proyecto pone en debate la ausencia del Estado, al momento de dar una solución a quienes se quedan en la calle y deben buscar techo fuera de su comunidad, pero también su presencia incondicional cuando de beneficiar al mercado se trata.

 

“La única respuesta del Gobierno porteño son los subsidios habitacionales. Pero en el último año y medio, los vecinos ni siquiera cuentan con el subsidio de emergencia el día en que son desalojados para, al menos, poder dormir en un hotel. Se lo entregan 10 o 15 días después”, explicó Natalia Quinto, al abrir la presentación. La integrante del Grupo de Vivienda recordó, también, que a los 1.200 vecinos y vecinas expulsados en el último año, se sumarán en breve otras 390 familias cuyos 76 juicios de desalojo se encuentran en curso en la actualidad.

 

“No alcanza con la solidaridad discursiva, es necesario el trabajo concreto para que este proyecto llegue al recinto”, reclamó. Sentada entre los vecinos, la escuchó Paula Penacca, del FpV, la única diputada presente en el salón.

 

Maluca Cirianni fue la siguiente en dar testimonio. Ella habló desde su experiencia como psicóloga que, desde hace 15 años, atiende a familias del barrio en la Casa Tasso. “Atrás de todos estos números y datos hay personas que sufren, que padecen en su salud mental las consecuencias que producen estas situaciones de incertidumbre”, señaló.

 

Otra trabajadora del barrio, Carolina Sticotti, se encargó de enumerar algunos de los principales puntos del proyecto de ley:

 

ü La Emergencia Habitacional incluye a habitantes de casas que estén en proceso de desalojo; en situación de hacinamiento u obsoletas; alojados en hoteles y pensiones; personas en situación de calle o en riesgo de estarlo; habitantes de asentamientos y villas.

 

ü Para todos estos casos, se suspenden los desalojos en inmuebles que pertenezcan al GCBA. Y en los casos que tramiten ante la Justicia nacional o federal, el GCBA deberá presentarse en la causa para solicitar la suspensión del desalojo o el trámite en curso; y proponer una solución habitacional definitiva;

 

ü El GCBA deberá garantizar a cada familia que se encuentre en Emergencia una solución habitacional definitiva (no se considera tal la entrega de subsidios, el alojamiento en paradores ni cualquier otra solución transitoria).

El proyecto también exige que se genere información para conocer la cantidad de familias en emergencia y los inmuebles ociosos en el barrio, y que se pongan en marcha programas de prevención de incendios y de solución para quienes lo sufran.

 

Antes de finalizar, tomó la palabra Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad desde donde colaboraron en el armado técnico del proyecto. Baldiviezo aclaró el porqué del pedido de intervención del Estado: “Estamos hablando de desalojos y algunos podrán decir que es una cuestión meramente privada, lo mismo que los incendios. Pero la gran cantidad de desalojos que están ocurriendo ya no es un tema entre privados sino que es un conflicto social que sucede en La Boca. Y el gobierno tiene la obligación de intervenir para garantizar los derechos humanos de sus habitantes”.

 

Además, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado en este proceso de gentrificación y expulsión. “En este proceso mucho tienen que ver las políticas del gobierno de la Ciudad que ha promovido que el mercado inmobiliario se intensifique y se expanda en el barrio, y quiera hacerse de sus tierras para seguir aumentando esos negocios”.

 

La puesta en marcha de la Ley del Distrito de las Artes -aunque no de su artículo 29 que establece que se atenderá la situación de vulnerabilidad social en la zona, disponiendo acciones direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente- es una de esas políticas públicas.

 

“Necesitamos medidas concretas urgentes. No hay tiempo para seguir esperando”, culminó Baldiviezo. Los derechos de miles están siendo vulnerados. Y la respuesta, como siempre, crece desde el pie.