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viernes 15, diciembre de 2017

No hay derechos

Los incumplimientos en la Causa Riachuelo provocan efectos concretos sobre la salud de quienes viven en la villa 21-24. Chicos con plomo que no mejoran. Otros, que fueron diagnosticados pero no recibieron atención porque el Estado no los busca. Viviendas sin agua corriente ni cloacas. Obras que no avanzan, relocalizaciones que se postergan. Miles de familias que esperan que, al menos, se mejoren sus condiciones de vida mientras la muerte les pisa los talones. Por Martina Noailles 

No hay derechos

Leandro tiene 11 años. A los 6 le detectaron plomo en su cuerpo. 23 microgramos por decilitro de sangre, casi cinco veces más que el valor de referencia internacional (5ug/dl). En la casa donde vivía Leandro, en La Loma, Villa 21, no había agua corriente. Su mamá la juntaba en tanques, tachos y bidones para luego calentarla en la garrafa y bañarlo a él y a sus ocho hermanos. El piso donde jugaba era de alfombra, alfombra sobre tierra. No tenían heladera porque los cables no aguantaban más de tres luces a la vez. Leandro supo que tenía plomo corriendo por sus venas en 2012, cuando a él y a sus hermanas les hicieron la EISAR, una evaluación integral de salud que ACUMAR realizó en áreas que consideró en riesgo por su cercanía a la cuenca Matanza - Riachuelo. El estudio abarcó un radio de 100 metros desde el río y determinó que el 25 por ciento de los niños analizados en la 21-24 tenía plomo en sangre. Y aunque el principal motivo del nivel de contaminación que sufre esa población, principalmente los chicos, es la precariedad habitacional y la carencia de abastecimiento de agua por red, la Justicia ordenó relocalizar sólo a quienes viven hasta 35 metros de distancia del Riachuelo, en el llamado camino de sirga. El Gobierno porteño debía cumplir con esa manda en enero de 2014. Es decir que, según consta en la causa judicial, hace 4 años debían estar mudadas a viviendas dignas 1334 familias de villa 21: pero hasta ahora sólo fueron relocalizadas 165.

 
Adentro. Afuera
La vivienda de Leandro estaba un metro más allá de esa línea imaginaria que hace de frontera de la sirga, por lo que no debía ser relocalizada. Finalmente, y gracias a la lucha de los vecinos, su familia fue mudada a otra casa en el mismo barrio. La vivienda está dentro del camino de sirga y quedó deshabitada cuando Silvia, la señora que vivía allí, fue ubicada en el complejo habitacional Padre Mugica. Aquella mudanza llegó tarde para esa familia. Gisela, la hija de 21 años, murió antes por un cáncer de estómago. Y a poco de estar en Mugica, Silvia también falleció por la misma enfermedad.
 
- ¿Cuál es la diferencia entre ambas casas?
“Agua. En 20 años nunca había tenido agua en la canilla”, explica Silvina, la mamá de Leandro, quien decidió no mudarse al lejano complejo Mugica porque, por ejemplo, “no hay comedores y sólo me daban vacantes para dos de mis siete hijos en edad escolar. A las 6 de la tarde te tenés que encerrar y no podés dejar la casa sola, la llave de un departamento abre cualquier otro”. Por eso, ahora espera poder irse pronto a Mundo Grúa, el próximo complejo de viviendas a donde deben mudarse 128 familias del sector de la villa llamado San Blas (ver recuadro). El lugar está a unas cuadras, en Iguazú al 1800. Debió haber sido inaugurado hace 8 meses pero se encontraron con un “problema”. La obra de infraestructura sanitaria para los departamentos -que es la misma que va a unir a otras 28 mil personas de la villa- se topó con un ducto que no estaba en sus planes: el entubado del Arroyo Ochoa. Los arquitectos dan un extraño argumento. Explican que AySA, cuando se estatizó, no pasó los planos. Por esta razón, la adjudicación está frenada. 
 
“Cada uno de los incumplimientos generan impactos concretos y directos en la calidad de vida de las familias del barrio, sobre sus viviendas y el consecuente deterioro de su salud”, señala con preocupación Luis Duacastella, defensor general adjunto de la Ciudad. Los datos lo confirman: en tanto las familias siguen viviendo con las mismas carencias y problemáticas, su situación empeora. Leandro, por ejemplo, debería haber bajado considerablemente sus niveles de plomo en sangre dado que la principal fuente es el contacto con tierra contaminada. Cuanto más crecen, los chicos pasan menos tiempo jugando en el suelo. Sin embargo, a 5 años del estudio, el último análisis le dio 13 ug/dl, más del doble de lo tolerable. Por ahora, el único síntoma visible de Leandro son unas manchas blancas en la piel. 
 
Álison es hermana de Leandro. Tiene 17 años. El EISAR le dio más de 10 de plomo, uno de los diagnósticos más altos entre las hijas mujeres de Silvina. “A Alison lo que más le afectó fue en el aprendizaje, en lo escolar, tiene 17 y recién pasa a segundo año”, dice su mamá.
 
“En la EISAR, la evaluación neurológica no la pasaba el 25% de nuestros pibes. Si yo detecto esto, como autoridad local o de cuenca lo primero que pienso es qué dispositivos se necesitan para que esos pibes salgan adelante. Sin embargo, hay 1 equipo de orientación por distrito escolar. Y el centro de salud 35 tiene una sola psicopedagoga”, explica Paz Ochoteco de la Fundación Temas. A su lado, Silvina asiente: “Alison hace 3 años que está en lista de espera para psicopedagoga en tres lugares diferentes y nada”.
 
La cuestión, explica Ochoteco, es que los diagnósticos están pero lo que brilla por su ausencia es la respuesta del Gobierno porteño: “Es de un cinismo increíble. El Estado hace un relevamiento de la situación y te dice ‘tu hijo tiene 23 de plomo, pero no voy a hacer nada porque estás del otro lado de la línea’”.
 
Los nadie
En la EISAR, de la muestra tomada en villa 21 a 962 niños menores de seis años, el 25% tenía plomo en sangre. De aquellos chicos, hay 54, con nombre y apellido, que nadie contactó para realizar un seguimiento. “Según ellos, no viven más en el domicilio en el que se le hizo el estudio ni responden el teléfono. Nosotros, como organización territorial, nos pusimos a disposición para rastrearlos porque estamos seguros que siguen viviendo en el barrio. Pero no nos dan esos nombres. Tampoco mandan un oficio a las escuelas para ver si están entre sus alumnos, o a los comedores a ver si almuerzan o cenan allí. Evidentemente no los quieren encontrar. Hay un desinterés y una falta de humanidad muy grande”, se enoja Ochoteco.
 
Otra de las problemáticas es la falta de información clara y unificada acerca de las familias que viven en la cuenca. Según un informe de la Auditoría General de la Ciudad, de agosto de 2017, “el Ministerio de Salud, a través del área encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan Sanitario de Emergencia en la Ciudad, no cuenta con información acerca de lo realizado por los efectores que atienden a la población de la cuenca, ni tiene un protocolo común de atención/abordaje de temas relacionados con la salud ambiental”. Tampoco tiene, según el mismo informe, “una base de datos unificada a nivel distrital sobre los pacientes que fueron dosados con plomo”.
 
Lo que cuentan las familias es que en el Centro de Salud 16, que está en Avenida Cruz al 2000, a 15 cuadras de villa 21, no vuelcan en el sistema digital los resultados de cada análisis que le realizan a sus hijos. “Yo llevo el papelito, con el resultado anotado, para que en el Cesac 35 cuando voy por otro tema sepan cómo dio lo último. Por ejemplo, a Leandro hace casi 4 años que la parotiditis (paperas) se le hace recurrente y recién ahora se dieron cuenta que también es por el plomo”, detalla Silvina. “No cargan nada en las historias clínicas y eso es determinante: no es lo mismo un diagnóstico para un chico con contaminación sostenida de plomo que para uno sin”, agrega Ochoteco.
 
Por la falta de agua potable, otra enfermedad recurrente es la parasitosis. “En los chicos bajos de peso, y es algo que pasa mucho en La Loma, hay una cuestión latente que tiene que ver con el saneamiento y que Acumar debería estar interviniendo: hay chicos que cursan 5 parasitosis en simultaneo. Y algunos parásitos detienen el crecimiento. No hay cloacas, no hay agua potable o no hay cantidad suficiente para que las familias cubran su demanda básica de salubridad”, explica Paz. Silvina vuelve a coincidir. Sus hijos dos o tres veces al año tienen parásitos.
 
Pasó tanto tiempo desde el censo que relevó a las familias que vivían en la sirga (más de seis años), que otro problema en aumento son los no censados, que pasaron de ser un 5 u 8% en las primeras relocalizaciones, a un 35% en la actualidad. “Esta nueva población vive con la incertidumbre sobre su solución habitacional”, explica Duacastella, desde Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, uno de los organismos que acompaña de cerca a los vecinos, participando en las mesas de trabajo que, cada vez, se hacen más complejas y con menos respuestas concretas. “La Corte Suprema de Justicia ordenó además de la relocalización, que se urbanice a partir del metro 36, con mejora de las viviendas, de los servicios públicos y la calidad de vida. Pero la realidad es que no existe un plan serio. En la 21 estamos hace dos años para que arreglen 50 viviendas, una porción ínfima del universo afectado”, reclamó el defensor adjunto.
 
“La causa Mendoza se convirtió en una gran inmoralidad –concluye Ochoteco-. El Estado no toma en cuenta que al problematizar algunas situaciones, genera una expectativa y una demanda a la que después no da respuesta. Ni siquiera se resolvieron cuestiones paliativas. Acá hablamos de vida o muerte. Y la gente se está muriendo”.
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