Cuando llegó de Santiago del Estero, ese borde del Riachuelo era sólo pastizales, ombúes y cinco casitas de cartón y madera. No había luz ni agua. Pero se quedó. Allí, donde el olor nauseabundo de los desechos fabriles se trepaba por las narices contaminando pulmones, construyó su hogar y vio crecer a todo un barrio. Entre inundación e inundación, se casó y nacieron sus cuatro hijos. En medio de la crisis de los 90 levantó un comedor para que la panza de los pibes hicieran menos ruido y calmar el hambre de esos mismos niños que se enfermaban por el plomo en su sangre. Sesenta y tres años después, Serafina es un puñado de sensaciones que se entrecruzan. Hace apenas dos semanas se fue de la villa 26: “Es lindo el departamento pero yo me crié en la tierra, al aire libre, logré todo a pulmón. Acá puse toda mi vida… El día de la mudanza me fui llorando, es fuerte dejar la casa”. Y no es para menos. Vivió allí 63 de sus 80 años.

 

Su nuevo techo está a sólo 8 cuadras de la villa y alberga a las 64 familias con más antigüedad de la 26. Después de años de esperar que se cumplan las promesas del Gobierno porteño, finalmente se mudaron al edificio de San Antonio 725 justito antes de navidad. El fallo de la Corte Suprema en la causa Mendoza establece que toda la orilla de la cuenca Matanza Riachuelo debe ser saneada y parquizada. Pero a una década de la resolución de la Justicia, en la Ciudad aún quedan por relocalizar unas 1200 familias, la mayoría vecinos de villa 21-24 y del asentamiento Lamadrid de La Boca.

 

Con la mudanza de diciembre, el camino de sirga de la villa 26 debía quedar liberado. Pero no ocurrió. Cuarenta familias debieron ser relocalizadas internamente en una manzana del barrio, la número 4, a la espera de créditos que les permitan comprar una nueva vivienda. Son familias que por no estar incluidas en el censo de 2010 -o por algún otro motivo producto del paso del tiempo- no cumplían los requisitos para la adjudicación de una vivienda ni en la calle San Antonio (Barracas) ni en Lacarra, el complejo de Lugano a donde se mudaron otras 54 familias, “las más nuevas” pero que tenían más de 15 o 20 años en la villa. La tramitación de los créditos por parte del IVC comenzó tarde, por lo que al llegar la fecha de relocalización no estaban listos.

 

Además de estas 40 viviendas nucleadas en una manzana, en el fondo de la calle Perdriel queda en pie, sin demoler, el Comedor Los Ángeles, un importante espacio social que coordina Serafina Falagán desde hace décadas. Allí almuerzan y meriendan 230 personas. Pero a pesar de ser un pilar para las familias del barrio, al momento de la construcción del complejo de San Antonio no se tuvo en cuenta la creación de un espacio específico para el comedor.

 

“Primero nos quisieron sacar, demoler el comedor, pero nos opusimos. En San Antonio hay un espacio pero que no tiene lugar para actividades, sólo hay cocina y un espacio para guardar las cosas. Acá los chicos toman la merienda, hacemos apoyo escolar, festejamos el día del niño… Ahora dicen que nos van a llevar a una casa por la calle Santa Elena hasta que terminen el de San Antonio. La lucha es ahora por el comedor”, dice Serafina, acostumbrada a dar pelea para alcanzar cada derecho en el barrio del que es presidenta.  

 

El comedor de Serafina no sólo asiste a las familias de la villa 26. También buscan raciones diarias, personas que viven en la calle o en hoteles de la zona, y hasta los vecinos que se mudaron al complejo de Lacarra pero que aún vienen a trabajar, por ejemplo, como vendedores ambulantes en la estación Yrigoyen. Es que las familias que fueron relocalizadas en Lacarra tampoco tienen comedor comunitario. “Pasamos las raciones de ellos pero allá no hay nada”, explica Serafina. Desde la Defensoría General de la Ciudad, Luis Duacastella coincide: “Allá no hay comedor, el más cercano está en el Barrio Carrillo, a más de 12 cuadras, y está saturado. Es imposible. Irán viandas”.

Los equipos de la Defensa Pública vienen acompañando muy de cerca a las familias de la villa 26, tanto en las mesas de trabajo como en las audiencias judiciales y las asambleas. “Acá lo importante fue el grado de participación de los vecinos, lo que permitió ir llegando a acuerdos en el Juzgado y avanzar. Como siempre decimos, la participación de los vecinos lejos de ser un obstáculo es un beneficio para el cumplimiento de la sentencia”, destaca el defensor adjunto como uno de los puntos fundamentales del proceso que está a punto de terminar.

 

El Ministerio Público de la Defensa supervisó, también, los avances de obra de los complejos habitacionales para asegurarse de que la entrega de viviendas se hiciera cumpliendo no solo con las condiciones formales, sino también con los accesos estipulados en materia de servicios básicos (agua potable, gas, luz, cloacas y asfalto). Por ahora, los inconvenientes pasan por el agua que sale oscura de las canillas de algunos departamentos de San Antonio.

 

La Defensoría también controla que se garanticen los derechos a la educación, la salud y la seguridad. En este sentido, advirtieron que en la zona donde se encuentra emplazado el complejo habitacional de Lacarra, “existe un déficit histórico en vacantes de escuelas y centros de salud, y por lo tanto el Gobierno de la Ciudad deberá hacerse cargo de generar las condiciones necesarias para no agravar un problema ya existente en ese territorio”.

 

El defensor adjunto, Duacastella, lo confirma: “Lo de las vacantes siempre es un problema, los chicos pierden la doble escolaridad, la garantía del hermano menor porque no hay una articulación real entre todas las áreas del Gobierno de la Ciudad. Por ahora no dieron respuesta. Esto debería hacerlo la UPE (Unidad de Proyectos Especiales) de Acumar, cuya función interna es justamente articular”.

En la Ciudad de Buenos Aires –uno de los tres Estados condenados por la Justicia- el proceso de relocalización viene con un atraso de más de cinco años. El censo sobre el cual se basan las construcciones de los complejos habitacionales se realizó en 2010. Es imposible, entonces, que ese relevamiento no quede viejo si no se realizan los ajustes necesarios: en casi 9 años la población crece y cambia, las familias se desglosan (los hijos crecen y arman sus propias familias), y se desarrollan distintos movimientos lógicos de inquilinos y nuevos habitantes.

 

“Es necesario actualizar la información de los censos –subraya Duacastella-. Porque cuanto más tiempo pasa, más se complica. Según nuestros cálculos, por ejemplo, en el sector San Blas de la villa 21-24, entre el 35 y el 40% de las familias no fueron censadas. Para ellas, los créditos no pueden ser la respuesta generalizada. Son una herramienta para situaciones particulares, pero afecta al que menos tiene que termina desarraigado, teniéndose que mudar al segundo o tercer cordón del conurbano”.

 

En el caso de la villa 26, las viviendas para relocalizar a las 215 familias (según el censo) tenían que estar terminadas en 2012. Para ellas, la Legislatura porteña había destinado tres predios que eran propiedad de la Ciudad: Pedro Chutro 2922/28, en Parque de los Patricios; y Luzuriaga 727 y San Antonio 721/735, en Barracas. En 2009, el IVC los quiso vender pero los vecinos lo impidieron a través de una acción de amparo que frenó la operación y además ordenó que se llame a licitación para construir las viviendas. Sin embargo, en 2011, el gobierno de Macri desafectó uno de los terrenos, el de la calle Pedro Chutro. En ese momento dijo que se destinaría al denominado Polo Tecnológico que se impulsaba en ese barrio, y que se asignaría a las familias otro terreno, en Lacarra 2049, en Lugano. Lo cierto es que en Chutro finalmente se construyó un destacamento para la Policía Metropolitana de generosas dimensiones y en tiempo record. Los otros proyectos recién se inauguraron en 2015 –el de Luzuriaga a donde fueron las primeras 108 familias- y en diciembre pasado San Antonio y Lacarra.