Nueva audiencia por la urbanización del barrio Rodrigo Bueno

Ayer por la tarde, en la sede del Tribunal Superior de Justicia porteño, se llevó a cabo una nueva audiencia por la urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Allí el Gobierno de la Ciudad se comprometió a realizar e informar a los vecinos acerca de la planificación del trabajo que se desarrollará durante 2018.

Nueva audiencia por la urbanización del barrio Rodrigo Bueno
Con la presencia de delegados del barrio, del Defensor General de la Ciudad, Horacio Corti; el Procurador General, Gabriel Astarloa; el presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, Juan Ignacio Maquieyra; y la Asesora General Tutelar, Yael Bendel, se realizó ayer una nueva audiencia en el marco de la urbanización del barrio Rodrigo Bueno. Durante la reunión, los representantes del Gobierno porteño se comprometieron a informarles a los vecinos la planificación de los trabajos que se prevén para este año.
 
A partir de un planteo realizado por Corti, los representantes del Ejecutivo se comprometieron a presentar un plan de obras para este 2018; a impulsar el proyecto urbanístico en lo que se conoce como el “barrio histórico” (y no solo centrarse en la construcción de las nuevas viviendas); y a ejecutar las obras para mejorar el sistema actual de cloacas, riesgo eléctrico, acceso al agua, entre otras problemáticas que sufre este barrio lindero a la Reserva Ecológica Costanera Sur y a metros de Puerto Madero.
 
“Es importante para los vecinos tener una planificación de lo que será el rediseño del barrio, pues sólo de esa forma puede darse un proceso genuinamente participativo" aseguró el Defensor General de la Ciudad. Y además señaló que "el Gobierno se comprometió a impulsar las obras que son necesarias para mejorar su vida cotidiana mientras se construyen nuevas viviendas. Se trata de un paso más en la lucha de los habitantes del barrio Rodrigo Bueno en el reconocimiento de su ciudadanía”.
 
El barrio mantuvo durante diez años un litigio judicial con el Gobierno de la Ciudad que terminó en agosto de 2016 en el Tribunal Superior de Justicia, cuando el Ejecutivo cambió de postura y aceptó presentar una propuesta de urbanización. En marzo de 2017, la Legislatura sancionó la ley para que el barrio, donde según el censo viven 2665 en 563 viviendas, sea integrado a la ciudad. 
 
Foto: Pablo Piovano