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martes 8, mayo de 2018

La venta de los campitos fue ilegal

La Justicia declaró la nulidad absoluta de la licitación que privatizó tres hectáreas de espacio público de La Boca. El fallo determinó que la maniobra que adjudicó al Club Boca Jrs los terrenos de Casa Amarilla fue inconstitucional. Las tierras vuelven a ser de los vecinos. Foto: Sebastián Puenzo

La venta de los campitos fue ilegal

Tras dos años de vaivenes judiciales y un sostenido reclamo vecinal que incluyó marchas, asambleas e intervenciones artístico culturales, la Justicia le dio la razón a quienes sostenían que la privatización de los terrenos de Casa Amarilla había sido ilegal. A pesar de la encarnada obsesión de la dirigencia del Club Boca Jrs de quedarse con los campitos -y de la mano que le dieron los sucesivos gobiernos PRO para lograrlo-, la jueza porteña Paola Cabezas Cescato declaró la nulidad absoluta de la licitación pública que, en febrero de 2016, le vendió el predio a Boca. El fallo dejó en claro que se trató de una adjudicación inconstitucional ya que no fue autorizada por los dos tercios de los legisladores de la Ciudad, tal como lo establece el artículo 82 de la Constitución local. Ahora, el presidente del club xeneize, Daniel Angelici, deberá quitar el alambrado perimetral y la seguridad privada que colocó en enero pasado y los campitos podrán volver a ser usados por los vecinos.   

El llamado a licitación de inicios de 2016 había generado la rápida reacción de vecinos y organizaciones de La Boca que se movilizaron a diferentes organismos porteños y, al no ser escuchados, presentaron ante la Justicia un amparo colectivo para que investigue la venta. La presentación, firmada por miembros de La Boca Resiste y Propone patrocinados por el abogado Jonatan Baldiviezo del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, no sólo denunciaba que la venta no había pasado por la Legislatura sino también que los requisitos para presentarse a la licitación habían sido armados por la Corporación Buenos Aires Sur a pedir de Boca: según los pliegos sólo podían presentarse asociaciones sin fines de lucro que cuenten con un patrimonio igual o mayor al 80% del costo del predio (180 millones de pesos) más el valor de la inversión, que tenga al menos 500 integrantes y que demuestre al menos 10 años de antigüedad en el desarrollo de actividades en la Comuna 4. Es decir, sólo Boca Jrs podía cumplir con estos requisitos.
 
El expediente judicial pasó primero por las manos del juez Guillermo Scheibler quien, tras fallar a favor de la demanda de los vecinos, fue apartado por la Cámara. Así la causa llegó al juzgado de Cescato quien, en febrero pasado, volvió a hacer lugar al amparo “por no existir ninguna ley de la Legislatura de la Ciudad que autorice” la venta. El fallo que acaba de dictar analiza el fondo de la cuestión y coincide, una vez más, en que la maniobra fue ilegal.
 
Viviendas
Los terrenos que están a la altura de Almirante Brown al 600 fueron comprados al Estado nacional por la Comisión Municipal de la Vivienda en 1981. El objetivo era “mejorar la situación habitacional de la zona, considerando el alto nivel de déficit habitacional que la afectaba”. Por esos años, Boca Jrs ya las miraba con cariño. Después de muchas gestiones, finalmente en 1992, la CMV le cedió dos manzanas.
 
En el resto del predio, el Instituto de Vivienda (IVC) reemplazante de la antigua CMV, planificó la construcción de 1200 viviendas y, para eso, abrió en 2005 la inscripción al Programa “Casa Amarilla - Viví en tu casa”. Sin embargo, el IVC sólo construyó 438 viviendas y en 2010 le cedió el resto del predio al Gobierno porteño a través de un acta de Directorio. El artículo 6 de la Ley 1251 dispone que el IVC sólo puede transferir al Ejecutivo el dominio de inmuebles siempre y cuando los mismos sean destinados al desarrollo de políticas educacionales, de seguridad o de salud. Este requisito no fue cumplido. Tampoco el que establece el artículo 46 de la Ley 2095, cuando dice que toda transferencia de dominio que realice el IVC debe ser aprobada por la Legislatura.
 
Mediante el Decreto 723, firmado por Mauricio Macri, el Ejecutivo aceptó esa cesión y en el mismo texto transfirió la propiedad fiduciaria a la Corporación Buenos Aires Sur, que es quien se hizo cargo de beneficiar -según la Justicia, de forma ilegal- el negocio privado del club en perjuicio de todo un barrio.
 
Tras el fallo de Cescato, los predios volverán a ser escenario de asados, murgas, picnic y campeonatos de futbol. Seguramente, pronto llegue la apelación y sean los jueces de la Cámara o del Tribunal Superior quienes tengan la última palabra. Todo un barrio espera.
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