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martes 6, noviembre de 2018

Un proyecto frente al endurecimiento de la política migratoria del PRO

El bloque del Frente para la Victoria-PJ, presidido por Agustín Rossi, presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por medio del cual el macrismo reformó la Ley de Migrantes 25.871 sancionada en 2004. La norma reconoce la migración como un derecho humano y a la regularización migratoria como una obligación del Estado.

 

Un proyecto frente al endurecimiento de la poltica migratoria del PRO

En el mismo sentido, la diputada Romina Del Plá presentó otro proyecto contra la deportación de cuatro extranjeros que fueron detenidos durante el operativo represivo durante la movilización contra el Presupuesto 2019.

La discusión sobre la política migratoria volvió a estar en agenda luego de la represión en la votación del Presupuesto 2019 y aumentó su tono a partir de las declaraciones del Presidente de la Nación. “Tenemos que debatir el manejo de lo migratorio en el país, no tenemos que tener miedo de ver cómo son las reciprocidades. La Argentina es un país de una generosidad absoluta, pero a veces somos demasiado generosos y abiertos frente a otras realidades", dijo Mauricio Macri en una conferencia de prensa junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Según los diputados del Frente para la Victoria-PJ, el DNU firmado por el presidente Macri el 30 de enero de 2017, “vulnera los derechos de las personas migrantes, legisla en materia penal -lo que está prohibido en nuestra Constitución- y modifica de manera restrictiva la Ley 25.871, que puso a la Argentina en un lugar de vanguardia en nuestro país”.
 
El proyecto de derogación lleva la firma de Agustín Rossi, Cristina Álvarez Rodríguez, Juan Manuel Huss, Mónica Macha, Analía Rach Quiroga, Jorge Romero, Luana Volnovich, Analuz Carol, Gabriela Cerruti, Roberto Salvarezza, Nilda Garré, Pablo Carro y Daniel Filmus.
 
Los legisladores coincidieron con que el DNU es regresivo en materia de derechos humanos de las personas migrantes, que abrevia los procesos de deportación y  fue declarado inconstitucional. 
 
Al cumplirse un año de la firma del DNU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe donde indicaba que se generó “una política migratoria diferenciada y selectiva que clasifica a los migrantes en dos grupos: los ‘buenos’, que pueden regularizarse, y los ‘malos’, a quienes les corresponde la expulsión”.
 
Asimismo, el decreto fue impugnado judicialmente por el CELS y la Cámara en lo Contencioso Administrativo lo suspendió. En la actualidad, la Corte Suprema tiene el caso pero mientras estuvo en vigencia, el Gobierno efectuó 1.332 expulsiones.
 
Por su parte, la diputada nacional del Frente de Izquierda-Partido Obrero, Romina Del Plá, presentó un proyecto contra el procesamiento y eventual expulsión de la Argentina de los cuatro extranjeros que fueron detenidos de forma arbitraria en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación contra el Presupuesto 2019.
 
En el proyecto la diputada denunció que “este grave hecho representa un salto en calidad no sólo en términos de avasallamiento de las libertades democráticas -como el derecho a la protesta y la movilización- sino también en la ofensiva xenófoba contra los trabajadores migrantes que este gobierno ha reforzado con el decreto 70/2017 y el reciente lanzamiento de una ‘app’ para acelerar expulsiones”.
 
Además, reclamó que la Cámara baja declare su  “absoluto rechazo” a una “nueva reforma migratoria integral que, según ha trascendido, estarían acordando el Gobierno nacional con sectores de la oposición peronista encabezados por el senador Miguel Pichetto, y que profundizará los procesos de expulsión de migrantes, quitando instancias de apelación, habilitando detenciones arbitrarias e instaurando trámites de expulsión exprés”.
 
 
 
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