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viernes 16, noviembre de 2018

Bocalandia

El barrio está cada vez más caro. Sus familias cada vez más afuera. Mientras el mercado avanza a paso firme y sin control estatal, los derechos más básicos de sus habitantes se ven vulnerados a diario. Organizaciones y vecinos denuncian que el Gobierno no da respuesta.

Por Martina Noailles 

Bocalandia

El precio del metro cuadrado de un departamento usado de 2 o 3 ambientes en La Boca puede alcanzar los 2 mil dólares. Según diferentes fuentes que miden la evolución del mercado inmobiliario (Properati, Oikos, Reporte Inmobiliario, entre otros), el precio para comprar el mismo inmueble una década atrás rondaba los 600 dólares. Si bien está lejos de ser uno de los barrios más caros de la Ciudad – su vecino Puerto Madero supera los 6 mil dólares el m2- el incremento exponencial del valor del suelo que protagonizó La Boca en los últimos diez años es mayor al promedio de todo el territorio porteño (330% contra el 240%). Y esta reacción del mercado no es casual: La Boca es blanco de un modelo de desarrollo urbano impulsado por un Gobierno que implementa políticas a favor de la especulación y que, al mismo tiempo, no lo regula. El resultado: un profundo proceso de expulsión y reemplazo de los habitantes del barrio que, obviamente, viola los derechos humanos de quienes viven desde hace décadas. A esta conclusión llegó el Tribunal Internacional de Desalojos que en junio pasado presentó sus recomendaciones a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Cuatro meses después, y aún sin ninguna respuesta, la denuncia volvió a escucharse durante la “Jornada de lucha por el derecho a la vivienda”, que se realizó en La Boca el 29 de octubre, en el marco del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. La movida, organizada por el Grupo de Vivienda de La Boca Resiste y Propone, comenzó con una recorrida por el barrio que mostró el impacto concreto de los juicios de desalojo y de los incendios en conventillos, en paralelo con el crecimiento de espacios artísticos de elite. Luego, una mesa analizó diferentes aristas de la problemática: los primeros en mostrar algunos datos elocuentes de este proceso de gentrificación fueron Agustín Territoriale, del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, y Carolina Sticotti, trabajadora social del Cesac 41. En su presentación mostraron el revalúo del costo del metro cuadrado en el barrio y señalaron al Poder Judicial como uno de los factores de incidencia en ese valor con cada desalojo ordenado. También realizaron un análisis de las solicitudes de construcción en La Boca. “Según datos de Estadísticas y Censos desde el 2012 a la actualidad se han solicitado construir 83.550 metros cuadrados nuevos para multivivienda suntuosa y lujosa, y 9.812 m2 para destinar a multivivienda confortable y sencilla”. La conclusión es clara: en los últimos 5 años por cada vivienda sencilla se construyeron o, al menos, se pidieron permisos para construir, nueve viviendas lujosas. El reemplazo de habitantes populares por otros de mayor poder adquisitivo es la consecuencia evidente. Y los ejemplos sobran: Molina Ciudad en la ex fábrica Alpargatas; Puerto Pampa, donde funcionó el Frigorífico Pampa; Caminito Queen en la esquina de Filiberto y Olavarría; y una cuadra más allá, Filiberto Apart donde se vende un “penthouse” a metros de la Bombonera . Todos con piscina, parrilla, SUM, laundry e innumerables “amenities”, vendidos por enormes y poderosos grupos inmobiliarios como Toribio Achával, que pocos años atrás era impensable que pusieran un ojo en el barrio. Otro dato interesante que destacó Territoriale sirvió para desmitificar la idea de que en La Boca hay hacinamiento y desalojos producto de un aumento de su población y de la falta de viviendas. Los censos realizados en la Ciudad desde fines del siglo XIX muestran que el pico de población se dio entre 1914 y 1947, cuando promedió unas 76 mil personas, y que desde entonces la cantidad de habitantes bajó, alcanzando los 45 mil contabilizados en el último censo de 2010. Es decir, casi un 40 por ciento menos.

LEYES CERO

La lista de la normativa local e interamericana incumplida e ignorada por quienes gobernaron la Ciudad durante los últimos 10 años es larga: desde la ley 2240 que declaró la emergencia ambiental y urbana en el barrio y que preveía una unidad ejecutora que sólo se reunió una vez desde 2006; hasta el artículo 29 de la Ley del Distrito de las Artes que estableció que “el Poder Ejecutivo, a través del órgano que corresponda, debe atender “la situación de vulnerabilidad social en la zona, relevando la necesidad de soluciones habitacionales” y disponer “acciones direccionadas a facilitar la permanencia de las familias radicadas actualmente en el Distrito de las Artes”. Según detallaron en la presentación, el Estado porteño estaría violando, además, las diversas observaciones generales del Comité por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que establecen las obligaciones de los Estado parte en cuanto a la protección de los derechos de quienes se encuentren en procesos de desalojos. Regular el mercado inmobiliario y los actores financieros para que no se viole el derecho a una vivienda adecuada es tan sólo una de las tantas incumplidas. ¿Pero cómo garantizar este derecho si desde el Estado ni siquiera se tiene un panorama claro de la cantidad de familias que lo ven vulnerado a diario? En un pedido de información pública presentado por LBRP quedó en evidencia esta falta de datos oficiales o, al menos, su nula intención de brindarlos a los ciudadanos como lo obliga la ley. Las preguntas eran directas: Cantidad de desalojos y procesos de desalojos de inmuebles que se han realizado o se encuentran en proceso en el barrio de La Boca; tipos de procesos judiciales; cantidad y tipos de inmuebles; cantidad de familias, de niños, niñas y adolescentes; destino o solución habitacional para ellos; tipo de intervención del GCBA y sus diferentes órganos en estos procesos. La respuesta fue tres. Sí, el Gobierno dijo tener conocimiento de sólo tres desalojos. Un número insignificante frente a los más de 200 que registra la organización. El cierre del encuentro lo protagonizó Cesare Ottolini. El italiano coordinador de la Alianza Internacional de Habitantes llegó a Buenos Aires en el marco del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias que se realizó en paralelo a la reunión de alcaldes del G20. “Cada familia tiene que tener una copia de esta sentencia y mostrársela al oficial de justicia cuando viene a desalojarlos”, arengó Ottolini haciendo referencia a las recomendaciones que emitió el Tribunal Internacional de Desalojos (ITE) tras revisar documentos, testimonios e informes sobre la situación que sufre La Boca. La conclusión principal fue que en el barrio se están violando los derechos más básicos protegidos por las normas nacionales y los pactos internacionales. Para buscar una solución, el Tribunal recomendó la conformación de una mesa de trabajo con la participación de los afectados, las organizaciones, los organismos públicos de protección de derechos, los responsables estatales de las políticas de viviendas y las de desarrollo; más los desarrolladores y las empresas inversoras. Pero antes que nada y para poder discutir, advirtió el italiano, “un alto a los desalojos”. Unos días después de la jornada, al cierre de esta edición de Sur Capitalino, el IVC se comprometió por escrito a convocar a una mesa interinstitucional “para solucionar la problemática de los desalojos en La Boca”. 

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