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jueves 21, febrero de 2019

Muy turbio

Desde hace casi un mes, en un sector de la villa 21-24 no hay agua potable. Un estudio de la UBA confirmó que está contaminada con bacterias cloacales. Mientras AySA y el Gobierno porteño se toman su tiempo para realizar sus propios estudios, el plan de contingencia oficial no garantiza correctamente el abastecimiento a las familias en riesgo. Por Martina Noailles

Muy turbio

El agua es un derecho humano que no todos los habitantes de la Ciudad gozan. De esa vulneración saben, y mucho, quienes viven en la villa 21-24 de Barracas. A la falta de suministro que sufren desde hace tiempo –y que ya denunciamos reiteradas veces en Sur Capitalino-, se sumó ahora la contaminación: agua con olor a caca que sale de las canillas de las familias que viven en siete manzanas del barrio. O tal vez en más. Es que el relevamiento que hizo la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión (SSCHI) para determinar la toma de muestras fue, como mínimo, desprolijo. Y los resultados oficiales, además, aún no están. Por eso, hasta aquí los datos más confiables sobre la gravísima situación que atraviesa la villa son los que brindó la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA (CLIC), que fue hasta el barrio a pedido de la Junta Vecinal, tomó muestras, las llevó a un laboratorio y confirmó la contaminación bacteriológica del agua, a la que declaró como no potable.

 
“Nos enteramos que estaba contaminada después de haber tomado tereré y consumido hielos hechos con esa agua todo el día. Fue el fin de semana de fin de enero que hizo más de 45 grados. Al día siguiente estuvimos con vómitos y los chicos con gastroenteritis”, contaron a Sur Capitalino Silvia y Daniel, una pareja que vive en la manzana 24 con sus cuatro hijos. Desde entonces, la familia busca agua de la casa de un familiar, en Zepita y Luna, y compra bidones de 5 litros a 90 o 100 pesos cada uno. Cada bidón sólo alcanza para un día. “Nadie se acercó a traer agua potable. Días antes de ese fin de semana, Aysa había pasado llenando los tanques pero de los que no tenían agua, no dijeron nada que el agua estaba contaminada. No avisan dónde ni cuándo se van a repartir los sachets. El otro día dejaron en una esquina todos tirados en el piso. Ni a los perros se los trata así”, se enoja Daniel quien además llamó a todos los organismos posibles para denunciar la situación y “en todos nos boludean porque somos de la villa”.
 
Lo que relata esta familia es lo que sufrieron y aún sufren cientos de familias, debido a que, a 20 días de la primera alerta, ni AySA ni ningún área del Gobierno porteño puso en marcha un plan serio de contingencia. “El riesgo sanitario y el desprecio por la dignidad humana parecen describir al Gobierno de la Ciudad, que no le importa dejar a cientos de niños y niñas sin agua para tomar, bañarse y lavar la ropa. Exigimos soluciones inmediatas y hacemos responsable al gobierno por el peligro que corremos los vecinos y vecinas de la villa”, denunció la Junta Vecinal en un comunicado que difundió el 31 de enero y que dos semanas después tiene total vigencia.
 
Ese mismo día 31, luego de una reunión en la Casa de la Cultura, Aysa se comprometió a tomar muestras complementarias en las redes de las manzanas afectadas para definir las acciones a seguir para solucionarlo. Pero se tomaron su tiempo.
 
El (no) plan
Para la coordinadora de la Fundación Temas, Paz Ochoteco, el problema de fondo son las obras de agua cloacal y pluvial que tiene a cargo la empresa Pose S.A.: “Las obras vienen muy lentas. Deberían haberse terminado en marzo de 2018 y recién tienen un 29% de avance, según informaron en la última reunión. El gran responsable de esta situación es UP CUMAR (Unidad de proyectos especiales Cuenca Matanza Riachuelo) ya que deben coordinar y controlar que las obras se ejecuten”, indicó Ochoteco, quien además es especialista en temas ambientales. Temas, junto a otras organizaciones y representantes del barrio, y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, vienen denunciando hace tiempo las consecuencias de las obras de agua.
 
De hecho, a partir de uno de estos reclamos, el 26 de diciembre pasado, el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, le ordenó al Gobierno de la Ciudad que intervenga para “garantizar a los vecinos el abastecimiento de agua segura y suficiente, reforzando e incrementando el plan de distribución existente”. Además del plan de contingencia, la resolución del juzgado que entiende en la Causa Mendoza (en la que la Corte ordenó el saneamiento de la cuenca Riachuelo y la relocalización de quienes viven en sus orillas) le requirió a ACUMAR que informe mensualmente el grado de avance de ejecución de las obras.
 
A pesar de la orden judicial, el plan de contingencia no funcionó como corresponde ni en diciembre –cuando durante las fiestas de fin de año cientos de vecinos no tuvieron agua en sus casas-, ni ahora que el problema se amplió y se complicó con la contaminación.
 
Después de que el 22 de enero los vecinos alertaran a las autoridades del olor a podrido del agua, y que la Cátedra de Ingeniería Comunitaria difundiera los resultados que determinaron que al menos en las manzanas 24, 25 y 29 el agua no era potable, SSCHI se comprometió a hacer un relevamiento sobre los sectores donde había habido reclamos por olor o turbidez (manzanas 24, 25, 26, 27, 28, 28bis y 29) para que, a partir de ese relevamiento, UGIS definiera a dónde AySA debía tomar las muestras. “El relevamiento de SSCHI fue lamentable –planteó Ochoteco-. No hubo metodología, ni criterio de selección o muestreo, ni sistematización de los datos. Hay poca seriedad y voluntad de resolver una situación que es gravísima porque está en juego la salud de miles”.
 
La ingeniera civil María Eva Koutsovitis, coordinadora de la cátedra que tomó las primeras muestras, coincide: “Luego de presentar un informe a los organismos correspondientes, el 8 de febrero, diferentes organismos de gobierno se hicieron presentes en el barrio para tomar muestras de agua de consumo en 7 viviendas. Pero la metodología presentó diferentes irregularidades” (ver recuadro).
 
Esta denuncia quedó por escrito. El acta de la última reunión señala que, sólo por citar un ejemplo, no se tomaron muestras en la manzana 28 donde funciona el comedor Amor y Esperanza, en el que comen 450 chicos, y que había tenido que dejar de dar la merienda porque para preparar la leche en polvo necesitan 50 litros de agua. Al momento de dejar esa manzana afuera del muestreo, UGIS estaba totalmente al tanto de esta situación: es quien se encarga desde enero de abastecer al comedor de agua potable para que pueda funcionar.
 
Por todo esto, tanto los vecinos como las organizaciones y la Defensoría, reclaman un muestreo serio y técnicamente riguroso para poder localizar la causa de la contaminación. Ni siquiera se conoce aún si esta misma situación la están atravesando otras zonas de la villa, que es la más poblada de la Ciudad con más de 40 mil habitantes.
 
En el mientras tanto, urge un protocolo de emergencia y un plan de contingencia real que garantice quién y cómo va a abastecer de agua a las familias. En tanto las obras pluviales y cloacales no se terminen, la vulneración del derecho humano al agua segura y suficiente de quienes viven en la villa 21 24 va a seguir ocurriendo.
 
 
 
CLOACAS
Desde 2006, AySA tiene a su cargo la prestación de los servicios de agua y saneamiento cloacal en toda –toda, toda- la Ciudad. Sin embargo, en los hechos, la empresa sólo presta su servicio hasta la periferia de las villas. De esta manera, ningún organismo controla la calidad del agua que consumen sus familias. 
 
Según un relevamiento del Observatorio de la Ciudad, serían más de 400 mil los porteños que no tienen garantizado el acceso a agua potable: esa población (uno de cada siete vecinos) se radica en las villas.
Como sucede en la mayoría de ellas, en la 21-24 no hay cloacas sino fluviales que funcionan como tales o pozos ciegos. En las que sí hay, las conexiones son informales, hechas por los propios vecinos. Por eso el reclamo es que el Gobierno porteño realice análisis de agua con frecuencia bimestral.
 
 
IRREGULARIDADES DEL MUESTREO
A solicitud del Juzgado Federal que tiene a su cargo la ejecución de la causa ambiental Matanza-Riachuelo, el 8 de febrero diferentes organismos de gobierno (UPE CUMAR, UGIS, SSCHI, ACUMAR y AYSA SA), se hicieron presentes en el barrio para tomar muestras de agua de consumo en siete viviendas.
 
Según informó María Eva Koutsovitis. coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria:
 
i. Del acta de la audiencia realizada previamente en el Juzgado, a raíz de la constatación de agua de consumo contaminada, surge que los lugares de extracción de las muestras debían ser “consensuados. Esto no fue respetado. El Ministerio Público de la Defensa, la Junta Vecinal y distintas organizaciones presentes en el barrio nunca fueron consultados al respecto ni informados previamente respecto a los puntos de muestreo.
 
ii. Al momento de la extracción, ninguno de los organismos presentes, contaba con una versión oficial de la metodología de relevamiento sanitario utilizada para definir la cantidad de muestras y los sitios de muestreo.
 
iii. Tampoco estaban incorporados al listado los domicilios que habían sido analizados el 23 de enero por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria y cuyos resultados acreditaron contaminación bacteriológica.
 
iv. En cinco de los siete domicilios previstos por los organismos no fue posible llevar a cabo la toma de muestras, porque de las canillas no salía agua o porque los organismos de la Ciudad y ACUMAR, acordaron utilizar el protocolo de toma de muestras de AySA que no se ajusta a la informalidad de la infraestructura de los Barrios Populares.
 
v. Los sitios de reemplazo de las tomas de muestra no realizadas fueron elegidos sin un criterio técnico definido.
 
vi. El operativo de muestreo no previó duplicar las muestras para validar los resultados en un laboratorio alternativo ni tuvo cadena de custodia de las muestras tomadas.
 
 
 

 

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