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domingo 17, marzo de 2019

Código Barracas

Desde diciembre, la Ciudad tiene nuevas reglas urbanísticas que privilegian la especulación inmobiliaria por sobre el bienestar de los vecinos. Muchos barrios se movilizaron y presentaron propuestas. En Barracas, la organización logró revertir el aumento generalizado de las alturas máximas previstas, aunque no en todas las zonas. Balance de una lucha.

Por Proteger Barracas (*)

Cdigo Barracas

Todos sabemos en qué barrio vivimos, a qué comisaría pertenece nuestra casa, en qué comuna estamos, qué hospital nos atiende. Muchos conocen su distrito escolar o su parroquia. Buenos Aires está dividida de diversas maneras y esas particiones nos influyen a diario, en un rango tan amplio que abarca desde lo emocional y la pertenencia hasta hacer un trámite o ir a votar.

Sin embargo, existe una división clave para la evolución y desarrollo de la Ciudad que pocos vecinos conocen en profundidad por tratarse de un aspecto mayoritariamente técnico aunque determinante para nuestra calidad de vida: los distritos del Código de Planeamiento Urbano.  El CPU establece qué y cuánto se puede construir en cada terreno ordenando alturas y superficies, regulando actividades productivas, comerciales, industriales, definiendo espacios verdes, etc. Además, al  organizar el uso de la tierra en la Ciudad incide directamente sobre su valor.

 
Así lo entendimos cuando comenzamos nuestra actividad hace once años, movilizados por los efectos perjudiciales que el Código, reformado parcialmente en el año 2000, estaba provocando sobre varios sectores de Barracas.
 
El aumento de las alturas y superficies permitidas junto a los cambios en las zonificaciones propiciaban la aparición de torres en áreas sensibles del barrio, al tiempo que se perdían importantes piezas de valor patrimonial. Con el apoyo de más de 5000 vecinos y el consenso de todos los bloques legislativos logramos, a partir de 2011, la sanción de varias leyes protectoras de nuestro paisaje urbano y su patrimonio. Sus efectos positivos no tardaron en hacerse notar y continúan evidenciándose hoy.
 
Verdad y consecuencia
En 2016 el Gobierno de la Ciudad inició el proceso de reemplazo del Código de Planeamiento Urbano por un nuevo Código Urbanístico. Se trataba de una oportunidad histórica para adecuar las normativas, sincronizándolas con las necesidades actuales de la ciudad y su evolución a futuro en aspectos centrales como vivienda, tránsito y transporte, eficiencia energética, respuesta climática, espacios verdes, matriz productiva, procesos demográficos, identidades y diversidad, patrimonio, etc.
 
Sin embargo, las premisas iniciales que trascendieron eran preocupantes, en especial la intención de duplicar la cantidad actual de habitantes. Una hipótesis tan contundente en una ciudad que se mantiene demográficamente estable desde hace más de sesenta años y que aún dista de alcanzar su máxima capacidad constructiva nos despertaba suspicacias.
 
Las sospechas se fueron confirmando al saber que los borradores oficiales del nuevo Código se elaboraban en conjunto con los actores principales del mercado de bienes raíces y la construcción: consejos profesionales, cámaras empresarias, desarrolladoras e inmobiliarias.
 
Los vecinos, primeros afectados por la normativa y quienes podíamos aportar información de primera mano desde lo vivencial, no fuimos convocados a lo largo del proceso de elaboración generándose, nada menos, que nueve versiones sucesivas en el transcurso de un año. Ni siquiera estuvo disponible al público durante todo ese tiempo la información sobre los avances que se producían.
 
Fue recién a partir de un recurso de amparo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que la Justicia ordenó al GCBA publicarla en el sitio web oficial, desarrollar talleres informativos, habilitando el proceso participativo para elaborar diagnósticos y consensuar propuestas, aunque los lineamientos principales ya estaban definidos.
 
Participamos en todas las instancias de debate que se abrieron a partir de abril de 2017, tanto a nivel general cuanto comunal, y coincidimos en que la nueva normativa privilegia la especulación inmobiliaria por sobre toda otra variable, incurriendo a la vez en importantes contradicciones respecto de los enunciados que proclama:
 
-        Incrementa la densidad edilicia y poblacional en casi todos los predios, con lo cual promueve la tendencia a demoler las casas existentes por aumentar su capacidad constructiva. Aumenta el riesgo de pérdida de piezas de valor patrimonial;
-        Propicia homogeneizar alturas “nivelando hacia arriba” en detrimento de la diversidad que identifica a cada barrio, provocando nuevas disrupciones;
-        No prevé nuevos espacios verdes -hoy ya insuficientes- en proporción a semejante aumento proyectado de la población;
-        No contempla la adecuación de la infraestructura existente a la nueva demanda, tampoco el equipamiento sanitario o educativo ni la gestión de residuos;
-        Refuerza la concentración del Área Central en desmedro de los centros barriales con importantes consecuencias negativas en cuanto al transporte y el flujo del tránsito vehicular;
-        Al modificar los valores de la tierra en virtud de la especulación propicia la expulsión de los vecinos actualmente más vulnerables, que deberán migrar hacia el GBA.
-        Conserva el margen para interpretaciones dudosas y trampas del código anterior.
 
Zonceras del nuevo Código
Mientras participábamos de acciones colectivas junto a otros grupos vecinales, nuestra inquietud principal fueron los efectos negativos concretos sobre Barracas y allí decidimos enfocarnos.
Analizando la documentación encontramos numerosos aspectos alarmantes del proyecto. A modo de ejemplo, podemos destacar que se planteaba aumentar considerablemente alturas (¡duplicar o triplicar!) en diversas zonas del barrio, mayoritariamente céntricas. A la vez se quitaba la protección preventiva a 170 edificios de interés patrimonial.
 
A partir de relevamientos de campo, diagnósticos pormenorizados y modelos 3D presentamos  sucesivamente cinco informes en cada una de las instancias participativas de la Comuna 4 y en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura durante un año y medio. En esos documentos detallamos las observaciones específicas para el barrio formulando propuestas superadoras, algunas de las cuales fueron incorporadas al proyecto definitivo.
 
Ante la perspectiva cierta de que el Código finalmente se aprobara, nos concentramos principalmente en reducir daños en el barrio. Entre otras cosas, logramos evitar que se aumenten las alturas máximas permitidas en varios sectores de Barracas, preservamos paisajes urbanos específicos e incorporamos 143 edificios históricos al catálogo protegido. Por el contrario, no pudimos impedir otros cambios como los edificios de siete pisos sobre la calle Isabel la Católica.
 
Así y todo, nuestro trabajo tiene balance positivo, creemos haber atenuado el daño sobre Barracas.
 
Según se preveía, el oficialismo porteño impuso su mayoría propia en la Legislatura sancionando el nuevo Código Urbanístico en diciembre último, luego de atravesar una audiencia pública con quinientos participantes que argumentaron mayoritariamente en contra.
 
Como bien concluye el arquitecto Manuel Ludueña en su publicación Zonceras del Código Urbanístico (2) que recomendamos leer, la nueva legislación no responde a las principales demandas de los vecinos de la Ciudad:
 
-        Más espacios verdes distribuidos con espacios públicos seguros para toda la población;
-        Protección del paisaje barrial con menos densidad edilicia y poblacional en las áreas residenciales, sin tránsito pasante y con calles pacíficas;
-        Mejores condiciones de vida y equiparación en infraestructura, servicios y equipamientos públicos entre el norte y el sur;
-        Participación cierta desde los barrios de las Comunas para compartir el desarrollo de la ciudad en el futuro.
 
Más bien, todo lo contrario.
 
(*) Vecinos de Barracas organizados por la preservación del patrimonio arquitectónico y la identidad del barrio.
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