La expulsión se produjo entre el viernes 1º de febrero y el domingo 3 del mismo mes, cuando la mujer fue detenida llevando en brazos a su hijo menor. En el aeropuerto de Ezeiza, agentes de la Policía Federal, ante su negativa a embarcarse en un avión con destino a Lima, la amenazaron con sacarle al niño y enviarlo, solo, hacia ese país. 

 

Vanessa Gómez Cueva de 33 años, migró a Argentina hace más de 15 años.  Fue condenada a cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes en un juicio abeviado. Tras cumplir su condena en 2014, logró reinsertarse en la sociedad. Se recibió de Técnica Superior en Enfermería mientras estudiaba, trabajaba y criaba a sus tres hijxs.

 

Su abogado Juan Martín Villanueva en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS, la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), Amnistía Internacional y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) enmarcaron el caso “en un contexto regresivo en materia de derechos de las personas migrantes en la Argentina”. La principal regresión es el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/17 con el que se modificó la Ley de Migraciones 25.871.

 

“El DNU estableció un procedimiento sumarísimo que vulnera las garantías procesales y el derecho de defensa. En particular, estableció una limitación a la dispensa por unidad familiar incluida en el artículo 29 de la referida ley”, indicaron. Los cambios que plantea el DNU tienen que ver con acortar plazos a los migrantes que son notificados sobre su expulsión.

 

Además, vincula a los migrantes con la delincuencia al determinar que cualquier tipo de delito, sea grave o no, es motivo suficiente para expulsar a una persona de este país.

 

Fuente: Página 12