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viernes 17, mayo de 2019

Inminente desalojo masivo

Cien familias de Parque Patricios están a punto de quedar en la calle, sin ninguna respuesta de parte de los organismos que deben proteger el derecho a la vivienda. Viven en una ex fábrica ubicada en la calle Santa Cruz 140, desde hace más de diez años. 

Foto: Casa Santa Cruz antes y después. Vista en su inauguración en el año 1946 y una foto actual desde el parque Ameghino (Informe ODC).

Inminente desalojo masivo

Ni el Instituto de la Vivienda porteño ni el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat decidieron resolver la grave situación habitacional que atraviesan cien familias, desde hace varios años. Ninguno de estos organismos públicos puede argumentar que no tuvo tiempo ni alternativas para buscar una salida que impida dejar en la calle a 400 personas, entre ellos 131 niños y niñas. La sentencia de desalojo data de fines de 2017. Pero, incluso desde mucho antes, las familias de Santa Cruz 140, sus abogados de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y las organizaciones que los acompañan buscaron formas de evitar el desalojo.

Uno de los pasos fue organizarse en la cooperativa de vivienda “Papa Francisco” para solicitar un crédito colectivo tal como lo prevee la ley 341; también se presentaron en audiencias ante la Justicia y realizaron movilizaciones al IVC. El objetivo de máxima siempre fue comprar el inmueble, ubicado en lo que el Gobierno llama Distrito Tecnológico. “Vivimos en él desde hace aproximadamente 16 años, encontrándonos arraigados al barrio, por lo que un desalojo destruiría, además de despojarnos de nuestra casa, todas nuestras vinculaciones sociales y económicos que permiten nuestra subsistencias: nuestras/os hijas/os que concurren a escuelas cercanas, nuestras fuentes de trabajos, control de nuestra salud en los establecimientos públicos”, señalaron los vecinos en diferentes presentaciones.

Funcionarios del IVC, responsables de implementar la Ley N° 341 informaron a las familias que la operatoria está desmantelada y desfinanciada, y que con el presupuesto que tienen asignado no llegan a cubrir ni el mantenimiento de los gastos de las cooperativas que actualmente tienen viviendas en proceso de construcción.
 
Habitar
Cuando llegaron, en plena crisis de 2001, el edificio frente al Parque Ameghino estaba totalmente abandonado. Nadie reclamaba por él. Los 6.500 metros cuadrados donde había funcionado la importante fábrica textil Selsa estaban deshabitados. Hasta su quiebra, en los ’90, el lugar había albergado a las oficinas administrativas y al gran comedor de la fábrica de toallas.
 
Las primeras familias que llegaron en busca de un techo se organizaron, limpiaron, sacaron escombros y máquinas en desuso. Cada una arregló y construyó su espacio. También se encargaron de hacer las instalaciones de luz y agua. 
 
En 2010, Aysa remató la ex fábrica con las familias adentro. El empresario Mario Ratuschny la compró a un millón y medio de pesos e inició la demanda de desalojo ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 60 a cargo del juez Fernando Cesari. “Ratuschny es un conocido inversor, uno de cuyos negocios principales ha sido la explotación de los hoteles familiares. En una simple búsqueda por internet aparece, además, como demandante en múltiples juicios por desalojo, que evidencian la estrategia económica de comprar edificios habitados por bajo costo, para luego abordar el desalojo de los mismos por medio de instancias judiciales”, denunció el Observatorio del Derecho a la Ciudad en un detallado informe.
 
La sentencia de desalojo de Santa Cruz 140 quedó firme el 26 de diciembre de 2017 tras un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Durante todos estos años, a pesar de los insistentes reclamos de los habitantes y sus representantes en busca de una solución habitacional definitiva, solo lograron sostener esporádicas mesas de diálogo.
 
En la sentencia el juez ordenó que se “arbitren las medidas necesarias a los organismos competentes a los fines de resguardar los derechos de familias afectadas a un desalojo compulsivo”. La fecha del desalojo es el 23 de mayo. El Estado sigue ausente.
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