Macri pusó en venta los terrenos del Barrio Playón de Chacarita
El presidente Mauricio Macri, a través del Decreto N° 345/2019, firmado el 10 de mayo, autorizó la venta de las 50 hectáreas del predio donde se encuentra el Barrio Playón de Chacarita y los terrenos destinados para la construcción de nuevas viviendas, sin establecer su destino ni restricciones a la venta.
Sur Capitalino
05 de Junio, 2019
En los 8 años que Macri gobernó la Ciudad, privatizó nada menos que 170 hectáreas de tierras públicas. Esta política de transferencia de tierras públicas a manos de empresarios inmobiliarios convirtió a la especulación en eje de la política pública y, lejos de revertirse, se profundizó con la llegada de Rodríguez Larreta y el desembarco de Macri al Ejecutivo Nacional.
Según denuncia el Observatorio del Derecho a la Ciudad, en tan sólo tres años y sin pasar por el Congreso de la Nación se privatizaron más de 180 hectáreas de tierra pública.
En el caso del predio de Chacarita: “La autorización de venta indiscriminada de todos los terrenos abre las puertas para que predios desocupados y terrenos que se vayan liberando durante el proceso de integración social y urbana sean puesto a disposición del mercado inmobiliario y no para satisfacer las necesidades habitacionales del barrio y la ciudad”, informaron desde el Observatorio.
Las dos manzanas sobre Federico Lacroze que ocupa el Barrio Playón de Chacarita debían ser destinadas a la construcción de viviendas para las familias del Barrio “pero el gobierno tiene la intención de vender estos predios para otros de los tantos negocios inmobiliarios que está habilitando en los playones ferroviarios de la Ciudad”.
En la misma situación –explican- se encuentra el Barrio Carlos Mugica (Ex Villa 31-31 bis). La Legislatura actualmente está tratando un proyecto de ley, por el cual se autoriza la venta de todos los predios ocupados por el Barrio Mugica y aledaños desocupados, “también sin establecer con claridad cuáles serán destinados para la reurbanización y cuáles para el mercado inmobiliario que está sediento de hacerse con esos terrenos de gran valor para la especulación”.
Además de señalar la discrecionalidad con la que opera el Gobierno, desconociendo leyes y procedimientos, como así también la injerencia de las Mesas Participativas. El Observatorio puntualiza que “los procesos de integración social y urbana llevados adelante por el gobierno de la Ciudad y el Estado Nacional cada vez se parecen más a procesos de expulsión lenta de las familias de estos barrios, de destrucción de las identidades barriales y de captura de estos suelos para futuros emprendimientos inmobiliarios suntuosos”.
“Este decreto presidencial debe modificarse y establecer que todo el predio sólo podrá ser destinado al proceso de reurbanización del barrio, para viviendas sociales para sus habitantes, y para equipamiento urbano”, sostuvo Jonathan Baldiviezo, del Observatorio.
“Tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad deberían respetar la ley nacional 27453 de regularización de los Barrios Populares y adoptar medidas para que éste suelo público no termine en manos del mercado inmobiliario especulativo», opinó el abogado.
Fuente: Diario Z / Observatorio del Derecho a la Ciudad
