La ofensiva contra los integrantes de la Asamblea comenzó con una carta documento para una mediación a la que fueron citados el martes pasado, donde la empresa presentó su reclamo. El presidente del Observatorio del Derecho de la Ciudad y abogado de la Asamblea, Jonatan Baldiviezo, sostuvo que "como en otros casos, buscan amedrentar y castigar a quienes a través de la justicia ejercen su derecho a defender los bienes comunes".

La persecución judicial a través de juicios civiles, que buscan castigar los bolsillos de ONGs o vecinos que reclaman para que se cumplan las leyes ambientales y/o urbanísticas en la ciudad, es una metodología reiterada por las constructoras y el gobierno porteño que ven el espacio urbano como un ámbito para el negocio inmobiliario.

Tras su cierre en 2013, la sala iba a ser demolida para construir una torre de más de 30 metros de altura para oficinas. Sin embargo, el Código Urbanístico exige, y a ello apelaron los vecinos en su reclamo para salvar el espacio, que en caso de demolición total o parcial de teatros o cines-teatros el propietario del predio debe construir en el nuevo edificio una sala de características semejantes a la demolida, respetando el 90 por ciento de la capacidad de la vieja sala.

"La causa finalizó con un acuerdo en el que Campana reconoce el valor patrimonial del inmueble y la intención de preservar la fachada original del edificio lo máximo posible. Además de cumplir con la ley que obliga a mantener el 90 por ciento de las butacas", señaló Baldiviezo.

Según explicó el abogado urbanista, los perjuicios que reclama la empresa no fueron producidos por la acción de amparo de los asambleístas sino, en todo caso, porque los proyectos presentados por la propietaria del predio fueron rechazados por el gobierno por no cumplir con las normas. El 16 de enero de 2017, la Dirección General de Interpretación Urbanística (Dgiur), le informó a la empresa que el proyecto no se adecuaba a la ley.

Con esta nueva embestida legal, la empresa ignora el acuerdo de partes que homologó el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad (TSJ), por el cual se comprometen a cumplir con las normativas vigentes y busca hostigar a los vecinos que luchan por conservar el patrimonio cultural de la ciudad. Fuente: Página 12