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viernes 15, noviembre de 2019

A paso de tortuga

A cinco años del plan que estableció la urbanización y relocalización del asentamiento Lamadrid, el IVC abrió la licitación para construir las primeras 14 viviendas. Mientras tanto, la situación de sus 400 familias es crítica: según un relevamiento de la Defensoría General porteña, dos de cada diez casas tienen riesgo de derrumbe y el 30 por ciento está expuesta a riesgo eléctrico. Por Juan Manuel Castro y Martina Noailles

 

A paso de tortuga

“Yo recién voy a festejar cuando tenga mi casa con el título de propiedad, todo en orden. Mientras, pueden pasar un montón de años hasta que esto se resuelva”. Ramón Martínez resume el sentimiento de la mayoría de las familias que viven en el asentamiento Lamadrid. Cansancio, incredulidad pero también el convencimiento de que hay que seguir la lucha. Ramón es delegado de esta barriada que se ubica en La Boca, a orillas del Riachuelo y, cuya mitad, se levanta debajo de la autopista Buenos Aires-La Plata. Es que el proceso de reubicación de familias, vinculado a la causa “Mendoza” que en 2008 ordenó el saneamiento del Matanza-Riachuelo, está demoradísimo. A la compra de tres terrenos en la zona, la última novedad tangible es una licitación pública del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para construir un complejo habitacional para tan solo 14 familias, en el ex taller mecánico de Olavarría 71. Mientras tanto, un relevamiento del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad demostró que un 20 por ciento de las viviendas del asentamiento tienen riesgo de derrumbe debido a las rajaduras y las filtraciones, y que 3 de cada 10 de las familias están expuestas a riesgo eléctrico por las deficientes instalaciones. 
 
Desde el IVC informaron que para construir las primeras 14 viviendas se invertirán casi 55 millones de pesos, destinados a demoler el inmueble existente y realizar obras exteriores y la infraestructura de red distribuidora de gas de media presión. La apertura de ofertas se haría el 12 de noviembre, tras una serie de reprogramaciones. 
Para Ramón, como para varios vecinos, esta licitación es “un parche” porque alcanza a 14 familias cuando en el bajo autopista, entre Suárez y Lamadrid, viven más de 180. 
 
“Desde el 2014 hasta la fecha han transcurrido 5 años del llamado Plan de Urbanización y Relocalización del asentamiento Lamadrid. Hasta ahora no se ha entregado una sola vivienda social construida, ha habido parciales traslados de familias mediante un sistema de créditos insuficiente para resolver el conflicto del barrio. Este año recién se ha licitado la construcción de un edificio de 14 viviendas, algo absolutamente insuficiente para esta problemática donde hay 400 familias en espera de la adecuación de su vivienda o de su traslado”, describe Luis Duacastella, defensor general adjunto del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad, organismo que asiste y acompaña a las familias en la causa judicial . 
 
Como si esta situación fuera una ficción, desde el IVC continúan con las promesas: “Las vecinas y vecinos que se encuentran viviendo en el bajo autopista serán relocalizados a viviendas nuevas. Mientras que, en el polígono afectado por la reurbanización, se realizarán los mejoramientos definitivos de las viviendas existentes y obras de infraestructura para garantizar el acceso a servicios básicos, entre otras cosas”, dicen desde el área que encabeza Juan Maquieyra, sin especificar plazo alguno. 
 
En cuanto a la adquisición de terrenos, Ramón detalla que, luego de evaluar varios lugares, Ciudad adquirió un lote en Necochea al 700, casi Pérez Galdós, donde se alojarían otras 14 familias numerosas (con tres o cuatro habitaciones por departamento). Otro edificio estará en Irala y Liberti, para 34 familias. Tras descartar un inmueble cerca de la Bombonera, el Gobierno local estudia adquirir uno al lado de la Usina del Arte, en Caffarena y Pedro de Mendoza, para 100 viviendas. Pero todos estos son proyectos que todavía no fueron ni licitados.
 
Con este despliegue, estaría cubierto el número de personas que habitan en el bajo autopista. La cuestión es que, a este ritmo, todos saben que eso no ocurrirá pronto.   
 
Las familias que están dentro de lo que llaman “reurbanización”, es decir que viven en los alrededores de la traza de la autopista y no deberían abandonar su lugar, se amparan en la Ley N° 2.240 que en 2006 declaró al barrio de La Boca en “Emergencia Urbanística y Ambiental”, en torno a las avenidas Patricios, Martín García, Paseo Colón, Brasil y Pedro de Mendoza. Sin embargo, esa norma jamás se cumplió (ver recuadro).

Quedarse en el barrio
Para quienes deben ser relocalizados, poder mudarse cerca del asentamiento, sin sufrir el desarraigo, es una alternativa relativamente nueva. Antes, las autoridades porteñas ofrecían créditos. Con ese dinero las familias que aceptaron se mudaron a otras localidades, en general del otro lado del Riachuelo, donde les alcanzaba para comprar una vivienda. Los delegados estiman que una de cada 10 familias del bajo autopista tomó esos créditos, mientras que solo el 3% de quienes viven en el sector “reurbanización” lo aceptaron.  
 
Es el caso de David, que desde hace un año y medio se mudó con su familia al barrio de Barracas. “Accedimos a un crédito y nos pudimos mudar, fue cuando el dólar empezaba a subir y por suerte pudimos concretar la operación”. El suyo es un caso que ha tenido buena resolución. Pero Ramón cuenta que muchas familias han tenido problemas para seguir pagando los créditos. Incluso, por la disparada del dólar, muchas compraventas inmobiliarias están frenadas. 
 
La situación se extiende en el tiempo y eso pesa en las familias. La ley de Emergencia es de 2006 y el fallo por la causa “Mendoza” sucedió dos años más tarde. En ese expediente, la Corte Suprema de Justicia le ordenó a los gobiernos de Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires sanear el Riachuelo y reubicar a las familias que viven en su ribera. Para ello se creó el ente tripartito Acumar (Autoridad Cuenca Matanza Riachuelo).  
 
El asentamiento Lamadrid no estaba incluido en aquel fallo de la Corte. Pero la lucha de sus familias logró que la Justicia las incluyera en el expediente. “La relocalización de sus habitantes está contemplada en la causa Mendoza-Acumar. A pesar de que no provienen del Camino de Sirga, la Corte Suprema demandó liberar el bajo autopista”, explican desde el IVC.

Crítica
En la actualidad, el Ministerio Público de la Defensa porteño (MPD) supervisa los trabajos de mantenimiento hechos por el gobierno en Lamadrid mientras se espera la solución definitiva. 
En agosto pasado, a pedido del juez federal de Morón Jorge Rodríguez, a cargo de la Causa Riachuelo, un grupo de arquitectos del MPD realizó un relevamiento de las condiciones edilicias del asentamiento. 
 
Los números mostraron, una vez más, la urgencia: dos de cada diez viviendas tienen rajaduras, filtraciones y humedad en paredes, techos y/o pisos, lo que las coloca en riesgo de derrumbe. La deficitaria instalación eléctrica, tanto dentro como fuera de las viviendas, pone en riesgo eléctrico al 30 por ciento de las familias. El hacinamiento es otra de las problemáticas más graves. En un 67% de las viviendas, conviven más de dos personas por habitación, y dos de cada diez familias no cuentan con el mobiliario básico para vivir. Aunque la mayoría de las viviendas tiene cloacas, en un 18% de ellas existen problemas como bocas de inspección dentro de las casas y de espacios comunes cerrados o, como por ejemplo, en la manzana 32 donde se encuentra una cloaca abierta en el pasillo de ingreso a 7 viviendas.
 
“La Defensoría elaboró un informe sobre la situación del barrio en el que se demuestra el estado crítico de las viviendas, los problemas con el suministro eléctrico y otras problemáticas. A partir de este relevamiento se han establecido las prioridades para el abordaje territorial”, explicó Duacastella. 
 
En las dos últimas aperturas del período ordinario de sesiones en la Legislatura, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se comprometió a que las familias de la causa “Mendoza” estarían reubicadas antes que termine 2019. Las promesas se suceden año tras año pero el fin de las relocalizaciones que ordenó la Corte Suprema nunca llega. 
 
La situación más grave, en cuanto a las familias que habitan en la orilla porteña del Riachuelo, la sufren en la villa 21-24. En enero de este año mudaron a 64 de ellas al predio conocido como Mundo Grúa, en Iguazú y el camino ribereño. Aseguran que el paseo público en el camino de sirga, entre La Boca y Barracas, está terminado en un 91%.
Sin embargo, en Lamadrid recién se licita el primer complejo habitacional para 14 familias de casi 200 que habitan el bajo autopista. Mientras tanto, en agosto pasado la Legislatura porteña prorrogó hasta 2023 la Emergencia Social, Urbanística y Ambiental de la cuenca. La fecha coincide con la finalización estimada del Sistema Riachuelo (ampliación del sistema troncal de cloacas). 
 
Desde el IVC dicen que en Lamadrid hay “múltiples canales de comunicación que incluyen mesas participativas de trabajo” y “mantenimiento del hábitat del barrio, los servicios y el equipamiento urbano”. Ramón cuenta que, en los hechos, la relación es más difícil y que durante este proceso hubo muchos delegados que renunciaron ante la falta de avances. 
También cuenta que hay gente que se fue de Lamadrid y, a pesar de las condiciones, tuvo que volver por falta de recursos; que hay incertidumbre ante el contexto de la crisis y que les angustia no tener fechas programadas. Sin embargo, pese a las adversidades, dice que las familias seguirán en la lucha hasta acceder a sus viviendas.
 
 

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