Piden que las Juntas comunales controlen los precios y el abastecimiento
El Movimiento Comunero elevó una solicitud para que la Junta comunal intervenga directamente en el control de los precios y el abastecimiento de alimentos y otros productos de primera necesidad en los barrios porteños a raíz de los aumentos abusivos registrados desde que arrancó la cuarentena.
En todas las comunas se han registrado negocios que no respetan la lista de precios establecida o se encuentran desabastecidos de productos indispensables. Por eso, la Junta Comunal como autoridad local puede ejercer un control efectivo sobre los comercios barriales, de la misma manera que lo están haciendo los Intendentes de las distintas provincias, con el apoyo de sus Gobernadores.
Desde el Movimiento remarcan que “Es necesario que el Gobierno de la Ciudad les transfiera las competencias necesarias para poder actuar de manera efectiva y legal, con la posibilidad de aplicar multas y clausuras transitorias en aquellos comercios que no respeten los acuerdos establecidos por el Gobierno nacional”.
El Gobierno nacional, a través del Decreto 351/2020 publicado en el Boletín Oficial el 9 de abril, dispuso que los intendentes podrán aplicar el artículo 12 de la Ley de Abastecimiento, que establece la posibilidad de requerir el auxilio de la fuerza pública, realizar allanamientos, secuestrar libros, intervenir la mercadería en infracción y clausurar de forma preventiva por tres días los locales, con posibilidad de prorrogarlos a treinta. También estarán habilitados a “citar a los presuntos infractores para que concurran a prestar o ampliar declaración y podrá citarse a las personas perjudicadas por una infracción o a los testigos presenciales de la misma, incluyendo a quienes se negaren a suscribir como tales el acta correspondiente”.
“Dada la situación de emergencia sanitaria que tiene lugar en nuestro país como consecuencia del brote de coronavirus, resulta necesaria la adopción de nuevas medidas que se sumen a las ya adoptadas, garantizando a la población el acceso a ciertos bienes esenciales que satisfagan, en este particular y excepcional contexto, necesidades básicas vinculadas al bienestar general”, se justificó entre los considerandos.