La magistrada decidió dictar una medida cautelar y ordenó suspender el uso de esas armas por parte de la Metropolitana, hasta tanto exista sentencia definitiva. El fallo de la Justicia se conoció ayer, diez días después de que el Observatorio de Derechos Humanos presentara un recurso de amparo para impedir la utilización de las pistolas Taser por considerarlas un elemento de tortura.

El Comité para la Tortura de las Naciones Unidas y la Organización Amnistía Internacional consideran que este tipo de armas constituyen una forma de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, en tanto provocan un dolor extremo que en algunos casos pueden causar la muerte, sobre todo a quienes han padecido enfermedades cardíacas.

En su dictamen,  la Jueza señaló que a primera vista las pistolas “no resultan razonables” para ofrecer seguridad a la población. Además sostuvo que su uso “puede lesionar derechos como la vida, integridad física y salud de las personas, aun de quienes se encuentran en perfecto estado de salud” y que “la incorporación de estos dispositivos puede fomentar el encubrimiento o la impunidad policial favoreciendo situaciones de abuso”.

Los diputados de la oposición apoyaron la medida y adelantaron que presentarán un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir definitivamente su uso. “Es necesario prohibir las picanas PRO", aseveró el legislador de Encuentro Popular para la Victoria Francisco "Tito" Nenna, quien elaboró el proyecto de ley, que ya cuenta con el apoyo de los bloques Nuevo Encuentro, Proyecto Sur y Coalición Cívica.
Por su parte, el jefe de la Policía Metropolitana, Eugenio Burzaco, adelantó que el gobierno porteño apelará la medida.  Consideró un poco disparatados los argumentos con los la jueza y  advirtió que se trata de una "máquina de impedir pone palos en la rueda para que el cuerpo de seguridad no salga a la calle”.

Desde la Metropolitana señalaron que “la utilización criteriosa” de este tipo de equipamiento “bajo circunstancias puntuales y por personal debidamente entrenado disminuye el uso de armas que sí ocasionan la muerte”.

La legisladora ibarrista María Elena Naddeo, futura presidenta de la Comisión de Seguimiento de la Ley Salud Mental, también repudió el uso de las Taser y señaló que "es indignante escuchar las declaraciones del ministro Montenegro donde explicó que `se van a utilizar en situaciones de dementes, violencia doméstica y suicidas. Es claro el desinterés que tiene este Gobierno por los derechos humanos".