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miércoles 21, septiembre de 2011

Cuando la salud es un derecho de pocos

El caso de una niña diagnosticada con “inmunodeficiencia combinada severa” que fue trasplantada gracias a la intervención de la justicia federal porteña en respuesta a un amparo de la Asesoría Tutelar de Menores, pone en cuestión las dificultades que deben sortear las personas de escasos recursos para acceder a un derecho a la salud.

Ante un cuadro de “inmunodeficiencia combinada severa” debe realizarse un transplante de médula antes del año de vida o el riesgo de mortalidad aumenta al 100 por ciento. Después de un dramático periplo que incluyó reclamos desoídos al Ministerio de Salud porteño e intervención judicial, la pequeña de un año y medio recibió un trasplante de medula ósea en el hospital Británico y se encuentra estable.

La niña viajó desde Entre Ríos junto a su madre, sin obra social y sin ningún respaldo económico, para internarse en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez.  Como los hospitales públicos no efectúan ese procedimiento en particular, la entidad  realizó las primeras gestiones con la Casa de Entre Ríos para costear la intervención en un hospital privado pero no obtuvieron ningún resultado.

Esto motivó la solicitud de intervención de la Asesoría Tutelar de Primera Instancia Nº 1 ante el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario con el fin de resguardar el derecho a la salud y a la vida de la niña.

La Asesoría demandó de manera urgente la actuación del Ministerio de Salud porteño, en su carácter de autoridad de aplicación, por hallarse la niña internada en un hospital público y, en virtud de las funciones de articulador entre los recursos del sector privado. Pese a la gravedad del caso, el Ministerio de Salud no respondió a ninguna de las solicitudes.

La Asesoría a cargo de la Dra. Mabel López Oliva,  inicio una acción de amparo en resguardo de la salud y vida de la niña, exigiendo que se ordene al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que cumpla con su obligación de prestar la debida asistencia, efectivizando su traslado a cualquiera de los centros privados que realice el transplante y  asumiendo el costo total de todas las etapas que requiere dicho tratamiento.

El mismo día de iniciado el amparo, la jueza Elena Liberatori, dictó la medida cautelar y ordenó que en el término de 48 horas el Gobierno porteño a través del Ministerio de Salud determine el centro médico en el que se llevaría a cabo el transplante de médula ósea.

El hecho de que la niña hoy esté estable y mejorando se debe también a la mediación del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) que, luego de una intensa búsqueda, logró hallar un donante compatible con la niña en Australia.