–¿Cómo hacen para ponerse de acuerdo en el Consejo? Hay demasiada diversidad, no debe ser fácil.

–Tenemos un sistema semiparlamentario. Somos nueve consejeros: tres son elegidos por la Legislatura; tres, por los abogados, y los otros tres representan a los jueces. Así, el Consejo es una composición compleja en sí misma. Todas esas miradas tan diferentes deben confluir en un proyecto común, porque cada uno defiende intereses diferentes, más allá del sector al que representan. Igual, es posible avanzar en las grandes líneas de trabajo, aunque a veces sea difícil concretarlas.

 

–¿Consiguen la unanimidad o tienen que votar diferenciados?

–En el caso de que haya un empate en cuatro, el último voto define, aunque eso no ha ocurrido hasta ahora; casi siempre hemos votado por unanimidad, porque si bien la composición del Consejo es heterogénea, los consensos se alcanzaron. Igual, tenemos nuestras diferencias, como en el tema de la Secretaría Villera. En este caso hay dos visiones político-ideológicas. Por un lado, una visión social, en la que coincidimos varios consejeros, y existe otra visión, más tradicional, de centroderecha, que junta a las voluntades de la gente del Pro. De todos modos, los jueces que no son partidarios también toman posición a partir de su postura ideológica, no partidaria.

 

–Hubo algunos desalojos violentos, ¿qué les recomendaron a los jueces desde el Consejo?

–Allí hay dos derechos que colisionan: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad. El Estado tiene que garantizar ambos, pero en cambio tiene que evitar el desalojo violento, que es un ejercicio abusivo del poder del Estado. El desalojo violento causa mayor daño que la propia usurpación, porque no se puede echar a la calle a familias enteras sin ningún tipo de contención social. En una ciudad que tiene un presupuesto de 40 mil millones de pesos es un pecado, es una forma de mirar la realidad sin asumir ningún compromiso social. En ese caso, votamos divididos. El resultado de la votación fue de cinco a cuatro a favor de recomendarles a los magistrados que cuando deben ordenar un desalojo, lo hagan teniendo en cuenta la cuestión social, que hagan intervenir a un juez de menores, que si hay discapacitados se dé aviso al Gobierno de la Ciudad, que exijan la presencia de los encargados de los programas de asistencia social. En una palabra, les propusimos tratar por todos los medios de evitar que una familia quede en situación de calle, que tengan un subsidio, que tengan un parador. Lo ideal sería que obtengan una respuesta mucho más global y abarcativa, que sería la de entregarles viviendas, pero mientras esa sea una cuestión que Mauricio Macri no puede resolver, al menos que estén presentes los que se encargan de la contención social.

 

–¿Hay otros temas en los que no hay consensos?

–El otro tema que genera discusiones y diferentes posiciones se produce cuando el Gobierno porteño intenta que las causas del tema de las villas pasen a alguno de los juzgados nuevos que se van a abrir en marzo del año que viene, para evitar que sea la jueza Elena Liberatori la que quede a cargo de este trabajo en una secretaría ad-hoc que tiene a su cargo, que es una unidad especial de gestión que concentra todos los temas de las villas en un solo juzgado. El macrismo quiere diezmar esta oficina y distribuir las causas entre los nuevos jueces. El Gobierno porteño, en realidad, quiere desmantelar una política, quiere evitar la organización de los villeros. Creo que la jueza Liberatori ha hecho un gran trabajo desde esa secretaría, una tarea que comenzó el juez Roberto Gallardo. La eliminación de esta instancia judicial sería un grave error.

 

(Fuente Noticias Urbanas)