Mediante un oficio fechado el 19 de agosto y dirigido “al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, Rafecas subrayó “la vigencia de la medida de prohibición de innovar decretada en fecha 12 de junio de 2009 sobre el lugar en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención y Tortura conocido como Club Atlético”.

Desde mediados de 1976 hasta diciembre de 1977, en los sótanos de la División Suministros de la Policía Federal Argentina ubicados debajo de la Autopista 25 de Mayo, entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo, funcionó un Centro Clandestino de Detención por el que pasaron unos 1.500 detenidos, gran parte de los cuales permanecen desaparecidos.

La abogada Luz Palmas Zaldúa, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció la semana pasada “el incumplimiento de la medida de no innovar” a raíz de “la obra a realizarse del denominado ‘Metrobus Paseo Colón’, lo que fuera anunciado por el Jefe de Gobierno Mauricio Macri en octubre del 2013”.

Desde el CELS también  advirtieron sobre “intimaciones informales a las autoridades responsables del Centro Educativo Isauro Arancibia y a los habitantes del edificio Marconetti, ubicado en Paseo Colón 1598 con el fin de que sean desalojados”.

Rafecas recordó al gobierno porteño “la obligación que pesa sobre todo magistrado conservar los elementos probatorios útiles para la investigación de un hecho delictual, lo cual está dirigido a permitir la reconstrucción de hechos del pasado y el conocimiento de la verdad material de los sucesos”.

La investigación por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo (ABO) se tramitan en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 y la instrucción no terminó.  “Todo esto cobra especial relevancia en la instrucción cuyo objetivo es averiguar los rastros que existen acerca de un hecho punible”, resumió el juez.

Fuente DYN