Inseguros

Jonathan, Brian, Gabriel, Mario y Fernando vivían en villas del sur porteño. En menos de un mes, los cinco murieron bajo las balas de la Policía Federal en falsos enfrentamientos o mientras mantenían sus manos en alto. La estigmatización de los pobres como discurso y acción. Por Luciana Rosende

 
Inseguros
Policías de civil disparando a mansalva a plena luz del día. Pibes pobres, con o sin antecedentes, muertos en falsos tiroteos en los pasillos de las villas del sur porteño. Las postales que describen los vecinos parecen de épocas pasadas. Pero no. En las últimas semanas y meses, en el marco de un creciente discurso de guerra contra el delito y estigmatización de los más vulnerables, la Policía Federal Argentina volvió a hacerse sentir en los barrios más marginales. Las balas son su sello.
 
Jueves 7 de agosto: Jonathan Mareco y Brian Ayaviri, de 17 y 19 años, fueron asesinados durante un operativo realizado por la Policía Federal en Villa Lugano; los testigos denunciaron que los jóvenes bajaron de un Volkswagen –que había sido denunciado como robado- con las manos en alto, pero fueron acribillados. Viernes 22 de agosto: Gabriel Vaca y Mario Ruiz fueron baleados por dos policías de civil en la Villa 21; los acusaban de intentar robarles, pero ni siquiera estaban armados. Martes 2 de septiembre: Fernando Stall, de 17 años, fue herido de muerte después de recibir la voz de alto y levantar las manos, en el barrio Padre Mujica.
 
“Hay un incremento significativo de las personas muertas como consecuencia del accionar de la Policía Federal”, alertó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en un documento recientemente publicado. “Los jóvenes que pueblan los barrios pobres, quienes deberían ser los destinatarios privilegiados de acciones que vienen procurando el crecimiento con inclusión social, están sujetos a rutinas de abuso y violencia policial y penitenciaria que erosionan las políticas de carácter inclusivo que se pretende desarrollar en esos mismos barrios”, advirtió el organismo.
 
“Lo mataron como a un perro”
Los medios hablaban de un intento de robo y un feroz tiroteo en Zavaleta. Ninguno de los datos era cierto. El escenario era Iriarte al 3500, Villa 21. Según los testigos, los balazos provinieron de un solo lado y el intento de asalto nunca existió. Dos policías de civil y sin identificación dispararon sus armas reglamentarias contraGabriel Vaca y Mario Ruiz, de 42 y 43 años. Todo pasó a media mañana, cuando los pasillos de la villa estaban poblados de pibes en edad escolar.
 
Gabi pagó sus condenas. Pagó lo que tenía que pagar. Tengo los papeles que me dieron del juzgado. No es para que digan en el noticiero ‘delincuentes que querían robar’, porque no es cierto. Pero no podés decir nada, porque ellos en vez de preguntar qué pasó realmente, ya pusieron el título y remataron. Y ya está, de la persona esa ya dijiste de todo. Pero sería bueno que si realmente son periodistas vengan y te pregunten, ¿qué pasó? Yo no voy a mentir, porque soy evangélica. Mi hermano tenía sus cosas, las pagó y salió. Y estaba tratando de hacer las cosas bien”, susurra Nora Vaca, hermana de Gabriel y hermanastra de Mario. Gabi trabajaba en la Cooperativa Renacer Solidario, que presta servicios en la Casa de la Cultura que depende del Ministerio de Cultura de la Nación.
Los dos agentes que dispararon están libres. Según reveló el periodista Horacio Verbitsky, pertenecen al Departamento de Ingeniería Clínica e Infraestructura de la Policía Federal. Aquel viernes 22 viajaban en una camioneta Renault Kangoo, supuestamente llevando insumos hacia el hospital Churruca. Pero no vestían uniforme y los vecinos describieron a los oficiales como “sacados”; lograron firmarles y tomarles fotos (publicadas en la tapa de esta edición). “Cuando escuchamos los tiros nos asomamos con los teléfonos (para filmar). Estaban re loquitos. Parecía ficción”, contó una mujer desde su casa sobre la calle Iriarte.
 
“Supuestamente le iban a robar a esa camioneta de ellos. ¿Pero cómo le iban a robar si no tenían ni un arma? Es ilógico. Yo estuve junto al cuerpo de Gabi y no tenía nada. Y me quedé para ver que no le pusieran nada, porque tienen la costumbre de ponerle armas”, dice Nora desde su comedor; casi no sale de su casa y no cree en la utilidad de las marchas, aunque en el barrio ya se organizaron dos. “Yo en la Justicia no creo, sinceramente. Veo tanto en la televisión… ¿Justicia? No, solamente Dios la tiene. No sirve de nada hacer marchas si eso no lo va a devolver. Ya lo mataron como a un perro. A veces vos cuidás tanto lo que más querés, y en cinco segundos se te va. Porque es verdad que era mi hermano, pero era más mi hijo”, llora. Al lado suyo, su hijo Alan acota sin levantar la vista del monitor: “Hace mucho que no andan por acá ellos, los de la brigada. Antes venían y hubo un montón de muertes. Mataron a casi todos los amigos de mi tío, hace un montón. Llegaban como si nada y los mataban como perros”.
 
“Levantó las manos y le tiraron igual”
Otra vez, las placas de los noticieros y las páginas de los diarios se llenaron de “tiroteo” e “intento de robo”. Y enseguida se volcaron a cubrir la “tensión” generada por los familiares del presunto “delincuente” herido en el hospital Santojanni. Se trataba de Fernando Stall, de 17 años recién cumplidos, quien finalmente falleció por la gravedad de la herida. “Ese día estaba con una camioneta robada. Llegó a Piedrabuena y vino corriendo para el barrio Mujica. Ahí le dieron la voz de alto. Levantó las manos y le tiraron igual”, cuenta Vanesa, su prima.
 
Hasta hace poco más de un año, la familia de Vanesa y Fernando vivía en la Villa 21. Pero fue relocalizada en el marco de la causa judicial que establece la reubicación de las viviendas a la vera del Riachuelo. “Nos mudaron por la relocalización y fue para peor. Allá él estaba tranquilo. Pero cuando llegamos acá empezó a robar para mantener a su mamá, una mujer mayor. Antes ella iba a un comedor”, cuenta Vanesa. Y se indigna cuando recuerda que los efectivos de la Federal entraron al barrio disparando a las cuatro y media de la tarde, cuando la plaza estaba llena de chicos. “Si él se entregó, no tenían por qué haber tirado. Llevan un arma reglamentaria para cuidar a la comunidad, no para salir a matar”, resalta.
 
Mauro Chellillo, miembro de la dirección de Prevención Interdisciplinaria del Ministerio Público de Defensa de la Ciudad –equipo coordinado por Agustín Territoriale-, está en contacto con los parientes del joven asesinado y con los vecinos del complejo Padre Mujica, donde fueron realojadas tanto familias del camino de Sirga como de Villa Cartón. “Depositaron ahí a toda esta gente y es como que se hubieran olvidado del problema. El Estado no se hace presente. Las casas no tienen mantenimiento, las escuelas están colapsadas, los centros de salud no tienen los insumos necesarios, el transporte es casi nulo por la noche. Y estar en un ámbito así, sin contención de las fuerzas de seguridad… esto lo estamos denunciando hace tiempo”, advierte. “Los vecinos vienen haciendo un reclamo constante por seguridad, en una zona donde hay varios grupos que intrusan casas o roban a quienes salen a trabajar. Nos habíamos reunido con gente del Ministerio de Seguridad donde les planteamos que era necesario marcar una presencia, pero no desde las requisas y razzias y mucho menos el gatillo fácil. Porque los vecinos se estaban sintiendo abandonados”, plantea Chellillo.
Además del disparo letal contra el adolescente de 17 años, los policías que se acercaron al hospital Santojanni detuvieron a cuatro personas que llegaban con Fernando. Entre ellas, a un menor. También a Lalo, remisero del barrio Mujica que trasladó al joven herido cuando la ambulancia no aparecía por el lugar. “Cuando llegué al hospital, la policía de la Brigada me apuntaba. Lo sacaron al chico y cuando yo quise salir me agarró un oficial de civil, sacado. Yo gritaba ‘¡soy remisero!’”, relata el hombre, que pasó dos días detenido. Nunca antes había estado en una celda. “Uno me puso la rodilla en la espalda y me decía ‘¡acá mandamos nosotros, la concha de tu madre!’. Yo tenía miedo de que me disparen”, confiesa.
 
“Lo que se hace es silenciar a los pobres de la ciudad. En el grado más extremo, terminan matando pobres. Porque en ninguna otra parte de la ciudad a la Policía se le ocurre entrar tirando balazos al aire ni le disparan a un pibe que está levantando las manos”, compara Chellillo, del Ministerio Público de Defensa porteño. “La estigmatización de determinados sectores sociales, ya sea de los migrantes o de los habitantes de villas y asentamientos, es una forma de colocar al enfoque policial en el centro de la agenda de seguridad por sobre otras estrategias de seguridad multiagenciales”, concluyó su informe el CELS. Como dijo Raquel Witis, mamá de una víctima del gatillo policial y emblemática luchadora contra la violencia institucional, en los barrios pobres “la mano dura significa pena de muerte”.