Presentan el informe sobre el Derecho a la Vivienda Digna en la Ciudad

La presentación del último informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad (ODH) sobre la vulneración del Derecho a la Vivienda en la ciudad  se realizará esta tarde, a partir de las 18:30 en el Centro Educativo 1 Isauro Arancibia, ubicado en  Cochabamba 176, esquina Paseo Colón.

 Presentan el informe sobre el Derecho a la Vivienda Digna en la Ciudad

El encuentro contará con la participación del Dr. Eduardo Jozami, convencional constituyente, ex presidente de la Comisión de la Vivienda en la Legislatura Porteña, la jueza Helena Liberatori, a cargo de la Secretaría ad hoc de Barrios Vulnerados, el Arq. Jaime Sorín, ex decado Facultad de Arquitectura UBA, Teófilo Tapia, delegado de la Villa 31 y Lito Borello, Coordinador nacional organización social y política "Los Pibes" - Secretario de vivienda y habitat de CTEP.

La publicación detalla los constantes incumplimientos del Gobierno de la Ciudad en lo que respecta las obligaciones constitucionales del Derecho a la Vivienda. El análisis detecta  políticas públicas que han vulnerado este derecho, como la falta de urbanización de villas o el fomento al mercado profundizando la especulación inmobiliaria, entre otras. El texto intenta aportar novedosos enfoques al diagnóstico de situación y los modos posibles de revertir el déficit habitacional. También participan del libro el arquitecto Jaime Sorín, ex decano de la Facultad de Arquitectura; Lito Borello, dirigente de la Organización Política y Social Los Pibes; el arquitecto Guillermo Marzioni de la Comisión Nacional de Tierras; la Jueza Elena Amanda Liberatori del fuero contencioso- administrativo de la Ciudad; y Carlos Pisoni, Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación.

El trabajo se vertebra a partir del artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires que reconoce el derecho a la vivienda digna para todos los habitantes de la Ciudad, distinguiendo las políticas públicas a las que obliga cada inciso de dicha norma. Desde allí, se detallan los flagrantes incumplimientos constitucionales –especialmente- por parte del Poder Ejecutivo, durante las dos gestiones a cargo del PRO.

Los puntos principales que se desarrollan en el informe son: el aumento del déficit habitacional, que ha aumentado de modo exponencial; a pesar de que la población se mantiene estable desde hace cuarenta de años.

La expansión y consolidación de villas y asentamientos existentes sin intervención del Estado en su urbanización. El propio gobierno reconoce que en los últimos 4 años la población villera pasó de 163 mil a 275 mil personas.

La ineficiencia del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en la búsqueda de soluciones habitacionales a sectores vulnerables. El organismo no construye viviendas sociales nuevas y prioriza el otorgamiento de créditos limitados a sectores medios a través del Banco Ciudad.

En el mismo sentido, el estudio señala que no se fomenta la autoconstrucción, con supervisión del Estado y remarca la recurrencia de mecanismos de expulsión de los sectores populares, mediante agresión física, represión, topadoras y fuego. Sin soluciones sobre el destino de los mismos, como hemos comprobado en el reciente desalojo violento del barrio Papa Francisco.

En el caso de los desalojos, los subsidios habitacionales resultan insuficientes para acceder el alquiler de una vivienda digna. Más de 140 mil personas en la Ciudad habitan en hoteles y pensiones, donde carecen de condiciones mínimas de habitabilidad, ante la desidia del Estado porteño.

Uno de los ítems más alarmantes es el que señala que en la Ciudad viven cientos de miles de personas sin vivienda digna, mientras que existen cientos de miles de viviendas dignas sin personas, deshabitadas, destinadas a reservas de ahorro, sin que los Poderes del Estado intervengan ante esta inequidad. Se calcula que hay 340 mil viviendas vacías en la Ciudad, sin que se regulen los inmuebles ociosos y los precios de alquileres.

Por último, el presupuesto para vivienda se ubica en el lugar más bajo desde el comienzo de las gestiones PRO, habiendo descendido del 5 % en 2007 al 2,1 % en 2014.