Lejos del acuerdo
Sólo 34 de las 370 familias del asentamiento Lamadrid aceptaron hasta ahora los créditos que ofrece el IVC para “liberar” el camino de sirga. El resto siguen exigiendo que la Ciudad les otorgue vivienda digna dentro del barrio de La Boca. Por Martina Noailles.
Marzo 2015. Esa es la fecha en la que el Gobierno porteño se comprometió ante la Justicia a “liberar” el asentamiento Lamadrid de La Boca, donde viven 370 familias, según el censo oficial realizado en 2012. Ubicado sobre el camino de sirga del Riachuelo, franja que la Corte Suprema de Justicia ordenó relocalizar, el barrio está lejos de mudarse. A un mes del plazo establecido en el expediente judicial, sólo 34 familias aceptaron hasta ahora ser beneficiarios de la operatoria de créditos que ofrece el IVC, que ronda los 600 mil pesos (unos 60 mil dólares). El monto, según la mayoría de los vecinos, no alcanza para comprar una vivienda digna en la Ciudad de Buenos Aires.
Es por ese motivo y porque exigen seguir viviendo en el barrio, que los delegados del asentamiento reclaman en cada mesa de trabajo que el Gobierno porteño presente otras alternativas al crédito. “Para muchos esa no es una solución. Queremos quedarnos en La Boca, que el IVC construya vivienda social en nuestro barrio”, repiten en las reuniones a la que asisten representantes del IVC, de las Defensorías Generales de la Ciudad y de la Nación, de Acumar y una veintena de vecinos.
Para colaborar en la búsqueda de espacios para construir, los vecinos presentaron en el expediente un listado de terrenos ubicados dentro de los límites de La Boca. Por otra parte, en la Legislatura porteña ya existe un proyecto de ley para expropiar algunos de ellos, mecanismo ya utilizado para mudar familias de las villas 26 y 21, en igual situación.
Escombros
Durante la última reunión de la mesa de trabajo de 2014, el director del IVC Iván Kerr informó que de esas 34 familias que aceptaron la opción del crédito, 11 ya lo tienen otorgado por lo que comenzaron a mudarse. Por eso, tras cada mudanza aparecen las topadoras. Pero en enero, las máquinas no sólo tiraron abajo las viviendas de estas familias sino que avanzaron sobre un comedor. Ante el pedido inmediato de los delegados y de la Defensoría General de la Ciudad, el IVC –en boca de Kerr- se comprometió a no derrumbar el lugar. Sin embargo, horas después las topadoras avanzaron. La explicación que dieron los funcionarios es que el lugar estaba a punto de ser ocupado.
En octubre, el Juzgado Federal de Morón le había ordenado a la Ciudad que mantenga la asistencia alimentaria a la población del asentamiento que lo necesitara. La respuesta del IVC fue que las raciones se redireccionarían a otros comedores donde los beneficiarios podrían ir a retirarlas. Sin embargo, las familias aseguran que nadie fue notificado de los comedores asignados. Por eso, presentaron ante el Juzgado –que habilitó la feria por este tema- un escrito en el que piden asegurar ese alimento de forma suficiente y exigen que el comedor se mantenga en el barrio y que sea coordinado por Blanca, una vecina confiable, dado las irregularidades acerca de la antigua administración, denunciadas por las propias familias.
Así las cosas, la mesa de trabajo volverá a reunirse en febrero. Los vecinos siguen organizados en asamblea esperando que el Gobierno acerque alguna propuesta que permita llegar a un consenso.